Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La falta de profesionalismo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIF) provocó que al término de la administración de Silvano Aureoles Conejo se diera en adopción a 21 menores de edad de manera exprés, lo que incluyó a una pareja de hermanos con complicaciones psicosociales. La niña de nueve y el niño de 11 años fueron regresados a la institución, pero la menor fue de nueva cuenta colocada en una familia adoptiva.
En Michoacán, hasta el pasado 30 de noviembre, se registraban 279 menores distribuidos en los seis centros de asistencia con que cuenta la institución, además de otros 97 que viven en instituciones de asistencia privada.
De los 376 menores en situación de abandono familiar, 182 son mujeres y 194 son hombres. En los centros de asistencia prevalecen los jóvenes de 16 a 18 años, seguidos del grupo de entre 12 y 15 años, mientras que los menores de un año no rebasan el 20 por ciento, siendo esta la edad más buscada para su adopción, según detalló la directora de Asistencia e Integración Social, Claudia Rocío Saucedo Hernández.
De este total, alrededor de 25 son discapacitados visuales, intelectuales y mayormente con deficiencias motrices. La población, dijo, es altamente fluctuante, al haber días en los que se van dos, tres o hasta cinco y a la vez ingresan seis o más.
“Casi todos los menores que se van en adopción son víctimas de algún delito: omisión de cuidados, violencia física, psicológica y algunas otras más graves como abusos sexuales o violación”, agregó Luis Héctor Márquez Guevara, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
En entrevista, afirmó que la última reforma a la Ley de Adopción publicada en abril de este año, tuvo un retroceso en diversos apartados, como la no profesionalización de los seis especialistas que determinan, en el Consejo Técnico de Adopción, la adjudicación de los menores.
“Esa falta de profesionalismo llevó a la entrega exprés de 21 menores a meses de culminar el sexenio pasado”, mencionó el procurador, dando entre ellos a los dos menores que fueron regresados al organismo, luego de no haber una adaptación familiar por los problemas que arrastran. Peor aún: la niña fue nuevamente entregada a otra familia, sin tomar en cuenta la problemática expuesta.
A su llegada a la institución detalló haberse encontrado “situaciones fuera de la norma, adopciones exprés que atentan contra el procedimiento de adopción y revictimizan más a los menores, que ya de por sí fueron violentados”.
El atraso frente a otras entidades federativas ha provocado que exista una lista de espera de 31 familias que han solicitado adoptar, pero hoy solo existen 24 menores que cumplen con los requisitos para ello.
Hay quienes iniciaron su trámite de adopción en marzo de 2016, se les dictaminó positivo, pero jamás recibieron respuesta, contrario a otros que sí lo lograron tan sólo entre 2020 y 2021.
“Yo no quisiera hacer ningún señalamiento de que hubo alguna situación de tráfico de personas, de influencias; sin embargo, también puedo comprender que los consejos actuaron en beneficio superior de la niñez, no de las familias”, justificó Márquez Guevara
Asimismo, asentó que, por su parte, no habrá una persecución en contra de la ex administración ni de quienes conformaban el consejo. De lo encontrado en el Sistema, mencionó, se dio cuenta al órgano interno de control y, en su caso, ellos harán la investigación exhaustiva para deslindar o fincar algún tipo de responsabilidad jurídica.
Con el panorama expuesto y tras ser parte del DIF local del municipio de Zamora, la diputada local Laura Ivonne Abascal, compartió que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en próximos días, presentará una modificación a la ley para agilizar los procesos de adopción, sin embargo, se reservó en qué sentido será o cómo impactará en la reglamentación.
Además, dijo, se especificará en la legislación que las personas con discapacidad también sean susceptibles de ser adoptadas.
La actual directora del DIF, Paula Espinoza Barrientos, sustituyó en el cargo a María del Rosario Cruz, quien fungió como directora del Sistema desde el pasado 2 de marzo, tras la renuncia de Rocío Beamonte Romero, uno de los personajes más cercanos al ex mandatario Aureoles y quien llegó a la legislatura actual como primer plurinominal del PRD.
