Morelia, Mich. (OEM Infomex). -La tarde de este miércoles se declaró improcedente el juicio político en contra del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que presentó en el Congreso del Estado David Daniel Romero Robles, representante legal de los ciudadanos Salvador Juárez, Sergio Ramírez H., Juan Antonio Torres Torres y Sandra Patricia Irepan, entre otros, por el decreto de “confinamiento obligatorio” en la contingencia de Covid-19.
El pasado 20 de abril, el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció en una trasmisión en vivo desde Casa de Gobierno la firma y publicación de un decreto para el “confinamiento obligatorio” de la población; de no acatarse, señaló que se aplicaría una multa, resguardo obligatorio y trabajo social. Esta medida fue considerada para los ciudadanos agraviados como violatoria a los derechos humanos individuales y colectivos, además de que no son facultades de un gobernador establecerlas, dijo el representante legal en la exposición de motivos de la denuncia.
“Con relación a la solicitud de juicio político presentada por David Daniel Romero Robles, los diputados encontraron acotados los planteamientos que se hicieron por escrito, toda vez que la atribución del Congreso del Estado es exclusivamente el determinar si en efecto la conducta del servidor público va en contra de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado y municipios, y éstos redunden en perjuicio de los intereses del particular que pudiera sentirse afectado, siendo que los efectos del decreto emitido por el Ejecutivo estatal se hicieron para hacer frente a la pandemia de Covid-19, cuyas medidas que se desprende tienen como finalidad mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad”, explicaron los diputados integrantes de las comisiones de Gobernabilidad y Puntos Constitucionales.
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Por ello, “no contravienen las disposiciones al orden público, ni se sigue perjuicio al interés social, en razón a que el decreto intenta asegurar la subsistencia del ser humano y evitar el contagio, así como la propagación de la enfermedad”.
Sin ofrecer ninguna postura, 23 diputados votaron a favor, dos en contra y hubo 10 abstenciones para declarar improcedente el juicio político que solicitaron los ciudadanos en contra del gobernador del estado.