Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- No hay una justificación para que se elimine la Unidad Programática Presupuestal (UPP) de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) si lo que se quiere es transparencia y rendición de cuentas, sostuvo la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez. Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Escobar Ledesma, afirma que el control financiero del órgano auditor tiene que volver a manos de los legisladores.
Hernández Íñiguez dio su respaldo a la ASM, ya que aseguró que el organismo “no puede seguir siendo un motín de reparto político como lo fue durante muchos años. Ciertamente, en la parte de independencia y autonomía que ha tenido desde el 2019, seguramente se ‘han pisado callos’ y seguramente se pisarán más”.
“Si lo que queremos todos es transparencia y rendición de cuentas, se tiene que seguir fortaleciendo a la Auditoría y no estar pensando en poner al amigo o cuate que nos vaya a cuidar las espaldas” agregó la legisladora, al trascender que el auditor Miguel Ángel Aguirre Avellaneda sería sustituido por Marco Antonio Bravo Pantoja, recién nombrado auditor especial de Normatividad en octubre pasado y a quien se le reconoce como cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El próximo año, adelantó Hernández Íñiguez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fortalecerá a las auditorías estatales, lo que permitirá “una mayor autonomía y evitará que los diputados quieran estar metiendo la mano en la administración del recurso”, dijo.
Sobre el tema, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Oscar Escobar Ledesma, reconoció que eliminar la UPP provocará que los diputados retomen el control de las finanzas de la Auditoría, pues por como se encuentra actualmente, los legisladores no tienen la fuerza que les confiere la constitución.
“El control tiene que ver justamente con los recursos, y si los recursos van a depender de que un gobierno estatal le dé cuando pueda, cuando quiera, cuando lo desee, por intereses políticos en un momento determinado, pues el control, los jefes, ya no son los diputados” indicó, ya que actualmente el Gobierno del Estado le debe cerca de 35 millones de pesos al Congreso.