Por el derribo de arbolado y remoción de vegetación mediante tala para el cambio de uso de suelo en al menos cuatro localidades de los municipios de Acuitzio y Tacámbaro, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpeta de investigación contra quien resulte responsable del delito contra la biodiversidad.
A través de la denuncia que interpuso el apoderado legal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) fue que la Fiscalía de la República inició con las investigaciones a fin de que los responsables del deterioro ambiental sean detenidos y procesados.
La denuncia ante el Ministerio Público hecha por la misma dependencia federal, precisó que se presentó al detectar el derribo de arbolado y remoción de vegetación mediante tala con fines exclusivos del cambio de uso de suelo ilegal en los predios forestales, de “Piedra Amarilla”, “Agua de la Arena”, “La Lajita” y “El Janambo”, pertenecientes a los municipios de Tacámbaro y Acuitzio.
Sobre dicho caso, se informó a través de un comunicado que la Delegación de la FGR en Michoacán, se encuentra en la integración de la indagatoria para que se obtengan los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables del delito ambiental.
En 2022, la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) presentó cerca de 80 denuncias, mientras que en 2023 la cifra aumentó a más de 100 denuncias por el delito de la tala ilegal. Michoacán pierde en promedio 60 mil hectáreas de bosque, la mayoría por incendios provocados, según las autoridades locales.