LÁZARO CÁRDENAS, Mich. (OEM-Informex).- Líderes empresariales del Puerto de Lázaro Cárdenas se reunirán hoy con el Gobierno de Michoacán para conocer la resolución al litigio por la Isla la Palma, donde se pretende crear la zona libre económica del estado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Lázaro Cárdenas, José Luis Esquivel García, aseguró que “no se pueden adelantar vísperas, pero estamos muy interesados en que esto se solucione para darle incertidumbre a la inversión que llegue al Puerto”.

La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac) intenta conseguir para la industria el polígono completo para poder dar respuesta a algunos empresarios extranjeros que ya están pidiendo espacios para poder instalarse aquí.

Durante la reunión del consejo de Apilac se conoció que hay una fábrica de paneles solares que piden un predio urbanizado, para lo cual Apilac necesita tener el control de todo el polígono que abarca la isla.

La Isla La Palma está dividida en tres propiedades, la primera es una fracción del terreno para patio multimodal ferroviario, la segunda fracción del terreno es para que la Secretaría de Hacienda autorice nuevamente el uso de un recinto fiscalizado estratégico, ese recinto que ya tiene autorizado el gobierno en una porción deberá ampliarse en una segunda etapa. La tercera figura es un parque industrial para pequeña y mediana industria, “para todos los empresarios que quieran venir a invertir a esta parte del país”, señaló.

La representación del sector productivo del Puerto coincide en señalar que no se dará un crecimiento económico de forma inmediata ni una inversión cuantiosa a corto tiempo, si se continua con los problemas de expropiación de tierras.

“Posiblemente cuando nos llegué el beneficio será hasta que ya esté consolidada la infraestructura”, por lo que confiaron que hasta que se resuelva el conflicto de Isla La Palma “se darán los avances de manera sustancial”, señaló en su oportunidad Benjamín Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia (CCT).

En tanto los ejidatarios y posesionarios, de Las Guacamayas, Zacatula y disidentes ejidatarios de Melchor Ocampo argumentan los actos de ilegalidad por parte de la LXXI legislatura del Congreso michoacano, el cual presuntamente pagó al ejido de Zacatula por la desincorporación de Isla La Palma, de tal suerte que piden nulidad de dicha acción ante los tribunales agrarios.

El representante legal de afectados de Isla la Palma, Ulises Leñero García, informó que son 440 hectáreas que son bienes nacionales, bajo eso se hizo una solicitud a la reforma agraria, donde los ejidatarios de Santiago Zacatula piden el pago del excedente de las tierras.

Los ejidatarios de Las Guacamayas están considerando las utilidades de 20% de lo que generen las tierras y de los árboles de casi 170 hectáreas y los de Melchor Ocampo, también los pagos de los bienes distintos a la tierra.

“El conflicto social desatado por Isla La Palma no contribuye al desarrollo de esta zona sino más bien lo viene a obstaculizar”, reconoció el abogado tras insistir que los ejidatarios están en su derecho y tienen que recurrir a las esferas judiciales para que se les haga justicia y se les pague o se les respete sus terrenos.

TERRENOS CON HISTORIA COMPLEJA

Los posesionarios de la isla fueron despojados por medio de una asamblea que, los propios comuneros calificaron de ilegal, realizada por el entonces comisariado ejidal, Alfonso Toledo, quien vendió los predios en diciembre de 2007 al gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.

Gilberto Galeana Calderón, representante de los posesionarios de La Palma, destacó que el litigio entre los municipios de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y La Unión de Montes de Oca, Guerrero, por la isla, en el ejido de Santiago Zacatula se ventiló bajo el número de expediente 305/2009 y se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Acapulco, Guerrero, el cual resolvió a favor de los campesinos.

La Isla La Palma se encuentra en el ejido de Santiago Zacatula, municipio de la Unión Guerrero. El decreto expropiatorio de las 440 hectáreas en Isla La Palma, lo hizo la Federación en el estado de Guerrero en 1982.

Fue llevado al Congreso de ese estado porque desde 1907 no ha habido ninguna modificación por decreto que delimite al estado de Guerrero con Michoacán.

Fue expropiada por el gobierno federal en 1982 a través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para la construcción de un puerto industrial en Lázaro Cárdenas.

No obstante de acuerdo con el decreto de expropiación, no se cumplió con el objetivo, de hacer uso de las tierras dentro de los cinco primeros años, por lo que las tierras regresaron al Fideicomiso del Fondo de Fomento Ejidal, mismo que en 2000 le entregó las tierras al gobierno de Michoacán.

“Acción ilegal porque dicho fideicomiso no puede hacer entrega de algo que no es de ellos, ya que las tierras le pertenecen al Ejido de Santiago Zacatula, y si Michoacán no hizo nada en esos cinco años que les dio el decreto de expropiación, las tierras regresan a sus dueños”, sostuvo Galeana Calderón.

En el sexenio del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, pagaron al comisariado ejidal, Alfonso Toledo, parte de la citada isla, quien al parecer no lo reportó a todos los afectados, dejando sin su respectivo cobro más de cien posesionarios, que se sumaron a “Campesinos Unidos de Santiago Zacatula” por lo que se creó un conflicto que ha crecido y no ha culminado.

La Federación donó a Michoacán durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel las tierras de la isla y luego el gobernador Silvano Aureoles Conejo las donó a la Federación, en ambos casos el propósito sería crear infraestructura para la instalación de empresas.

Cabe recordar que hay un decreto del 3 de junio de 2010 donde se extendieron 217 hectáreas más a las autorizadas por los legisladores las cuales presuntamente pertenecen al estado guerrerense. Por lo cual el consejo ejidal tomó la determinación de pedir un juicio de nulidad de esa aprobación hecha por el Congreso michoacano para desincorporar los predios en la isla, que serían otorgados a la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México y donde se construye un parque industrial.

Según los afectados hay un contrato donde Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, vendió a la ferroviaria KCSM 184 hectáreas cuyo valor comercial es de más de 4,000 millones de dólares por 23 millones de dólares los cuales -se dijo- utilizaría para urbanización del área.

Antes, en noviembre de 2006, la Legislatura local donó 183.6 hectáreas, por lo que con el nuevo decreto el sector empresarial se apropió de la totalidad del terreno, el cual alcanza las 628.4 hectáreas.

El objetivo fue utilizar esos terrenos para construir el llamado Recinto Fiscalizado Estratégico, uno de los proyectos más ambiciosos para el Puerto Lázaro Cárdenas. El lugar contará, entre otros espacios, con un parque industrial y la nueva sede de KCS, la empresa estadounidense que tiene el manejo, vía concesión, de la mayor parte de la red ferroviaria en el centro de México.

Según los datos el gobierno de Michoacán con Leonel Godoy Rangel vendió a 20 pesos el metro cuadrado de hectárea, “lo cual era una injusticia para los campesinos porque las 217 hectáreas de Guerrero no estaban pagadas en su totalidad a sus reales dueños.

Sin embargo, luego de que el gobierno michoacano y Kansas City anunciaron la firma de un convenio, varias voces se alzaron para exigir ser parte de esta repartición, que concluyó con una repartición sesgada. Y es que el gobierno dio por hecho la enajenación de 600 hectáreas de la isla para que se entregaran al fideicomiso 2112.

Sobre una parte de Isla de La Palma están hechos trabajos de industrialización no concluidos, donde existe un Distrito Industrial Marítimo que suministra toda el agua cruda que demanda la industria local, especialmente la siderúrgica.

Por la isla cruzan torres de alta tensión, carreteras y vías de ferrocarril. Mientras en otra parte, había parcelas cultivadas con un sistema de riego creado por los trabajadores del campo que estuvieron cultivando la tierra por aproximadamente 20 años.

LÍNEA DEL TIEMPO

1907

No ha habido ninguna modificación por decreto que delimite al estado de Guerrero con Michoacán

1982

La Federación expropia 440 hectáreas al estado de Guerrero por Isla La Palma

1987

Tras pasar cinco años sin utilizar las tierras para lo que fueron expropiadas, los posesionarios regresan a sus cultivos.

2000

Las tierras regresan al Fideicomiso del Fondo de Fomento Ejidal, el cual en el año 2000 entregó las tierras al gobierno de Michoacán.

2006

La Legislatura local donó 183.6 hectáreas, con el nuevo decreto el sector empresarial asume la totalidad del terreno, de más de 600 hectáreas, para construir un Recinto Fiscalizado Estratégico.

19 de diciembre del 2008

Desalojan de la Isla a los posesionarios; en ese momento inician los litigios por la posesión de Isla La Palma.

3 de junio de 2010

En decreto se extienden 217 hectáreas más a las autorizadas por los legisladores las cuales presuntamente pertenecen a Guerrero. Por lo cual el consejo ejidal de Zacatula, Guerrero, pidió un juicio de nulidad.

2013

Los litigios llevan a nueva medición de la Isla en conjunto con el gobierno de Michoacán, el cual arroja 86 parcelas

Junio 2019

Se ampara Apilac contra resolución de magistrada del tribunal agrario 52, para que surtan efecto medidas cautelares a favor de ejidatarios.

No se pueden adelantar vísperas, pero estamos muy interesados en que esto se solucione para darle incertidumbre a la inversión que llegue al puerto
José Luis Esquivel García