Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El gobierno de Michoacán restringió el acceso público para que la ciudadanía conozca el número de elementos de seguridad pública y privada que resguardan al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y a su familia, por los próximos cinco años, a partir del pasado 19 de octubre de 2021.
Por medio de una solicitud con folio 160336622000067, El Sol de Morelia pidió información sobre el número de elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) así como uniformados de carácter privado que resguardan al mandatario estatal y a su familia.
Te puede interesar: Estrategia de seguridad en Michoacán da resultados: Ramírez Bedolla
Desde el Despacho del Gobernador se contestó que los datos relacionados con el grupo de guardias, custodia y vigilancia, sus datos personales, cantidad, horarios, funciones individuales, capacitación, jerarquías, rangos, turnos y adscripción son información reservada.
Se agregó que los datos concernientes a los equipos de transporte terrestre y aéreo, sus matrículas, capacidad, modelos, tipos, asignación y especificaciones técnicas, en los que se moviliza la familia Ramírez Bedolla también son considerados como de carácter privado, por lo que estarán restringidos hasta el 20 de octubre de 2026.
Lo descrito forma parte del acuerdo a la ampliación de cinco años para la reserva de dicha información, autorizada por el Comité de Transparencia del Despacho del Gobernador en la 39ª sesión ordinaria del organismo, el 19 de octubre de 2021.
Dicha disposición data de un convenio signado por el mismo Comité, el 11 de octubre de 2016, cuando el perredista Silvano Aureoles Conejo, llevaba poco más de un año al enfrente del Ejecutivo Estatal con la premisa de que hacer público el número de escoltas que lo resguardaban a él y sus seres queridos podría, entre otras cosas, poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
Ello conforme a los artículos 84, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 102 y 103 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, en los cuales se específica los pormenores de la información que se clasifica como reservada por parte del gobierno de Michoacán.
Cabe señalar que, tan sólo dos días después de que se amplió la reserva de la información por parte del gobierno morenista, el 21 de octubre de 2021, Alfredo Ramírez exhibió que al menos 424 elementos de seguridad pública estatal fungieron como escoltas, choferes, asistentes e incluso empleados domésticos de funcionarios, familiares, amigos y empresarios, durante la administración de Aureoles Conejo.
En rueda de prensa, a 20 días de haber asumido el cargo, el mandatario michoacano acusó que mientras municipios de la Tierra Caliente del estado enfrentaban una fuerte crisis en materia de seguridad, más de 400 uniformados estaban al resguardo tanto de funcionarios como de amigos y no en zonas de atención prioritaria en materia de seguridad.
Precisó que 186 agentes de la SSP cuidaban las oficinas del Ejecutivo Estatal, así como Casa Michoacán, además de 25 oficiales resguardaban a alcaldes, 24 a legisladores locales y 32 más al entonces director del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial Michoacán (IEESSPP), José Antonio Bernal Bustamente.
Te puede interesar: Hay funcionarios públicos con mayor salario que el gobernador: Bedolla
De los 157 elementos restantes que también participaban en tareas de protección y custodia omitió dar mayores detalles.
Es de mencionar que Ramírez Bedolla comenzó a usar guardias públicos y privados desde el inicio de su gestión, pues en diversos eventos se puede observar vigilancia en el sitio por personal de la SSP, además de una comitiva tanto vestida de civil como trajeada que es la barrera para que ciudadanos y reporteros no se acerquen al jefe del Ejecutivo Estatal.
Tal es el caso que periodistas de la fuente de Gobierno del Estado externaron en diversas ocasiones acciones de acoso, hostigamiento y agresiones por parte del personal que lo resguarda, sin que exista ninguna respuesta o cambio en la actitud de las fuerzas de seguridad.