Morelia, Michoacán.- “Cada día que pasa siento que la vida se me va por no encontrar a mi hija”, dice casi en un susurro, del otro lado de la línea, la señora Evangelina Contreras, que ha realizado una búsqueda extensa durante 11 años, pues a Tania Contreras se la arrebataron frente a ella un 11 de julio de 2012 en Caleta de Campos.

Toma la entrevista por teléfono. Evangelina es también vicepresidenta de la asociación de Desaparecidos de La Costa y Feminicidios (Decofem). Ha trabajado, incluso antes de la desaparición de su hija, con activistas en la búsqueda de personas. Sin miedo, la señora dice que actualmente los focos rojos en el estado son Zamora, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Aquila, La Piedad, Uruapan y Sahuayo.

Refiere que hay casos de larga data, es decir, que ya tienen muchos años, sin embargo, otros son recientes, de hace tres años a la fecha.

El municipio con mayor número de desapariciones registradas por Decofem es Lázaro Cárdenas con 150 desapariciones, de las cuales 45 son de Caleta de Campos; le sigue Zamora con 100; Yurécuaro con 70; Apatzingán con 70; La Piedad con 35, Tumbiscatío y Arteaga con 28 y casos de Aguililla, Coalcomán y San José de Gracia.

A veces no quieren hacer denuncias, solo pruebas de ADN y las familias se acercan, en Lázaro Cárdenas no quieren hacer colectivo porque tiene mucho miedo, hay bastantes desaparecidos, no denuncian porque luego los matan o los desaparecen.

Doña Evangelina y otra de sus hijas llevan un registro de todas las desapariciones y personas desplazadas por el tema de violencia e inseguridad. Tan solo en los últimos días, narra, en Aquila se habla de 40 desaparecidos por las balaceras que se han registrado en la zona.

De todo este puñado de casos, 20 son atendidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde trabaja su hija, además, están en proceso 10 más en aras de resolver. Que esta organización atrajera los casos ha hecho que el gobierno federal y estatal realice mesas de trabajo para atender el problema y para exigir que trabajen, dice la vicepresidenta.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que de enero a septiembre de 2023 hubo mil 525 eventos de desaparición en las que fueron víctimas mil 729 en todo el estado; el reporte arroja que fueron localizadas mil 139, es decir, que de 590 se desconoce su paradero.

El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, indicó el pasado 4 de octubre que los número van a la baja, ya que en el mismo periodo pero del año anterior, se contabilizaron mil 623 eventos, mil 824 víctimas y solo 964 se localizaron.

La brigadas

Contreras comenzó con las búsquedas en 2003, apoyando a la activista Zenaida Pulido Lombera, que fue asesinada a los 43 años, el 21 de julio de 2019 sobre la carretera Huahua-Pichilinguillo, luego de denunciar las amenazas que recibía en su contra.

“Empecé en 2003, apoyé a Zenaida que fue asesinada después de una búsqueda que hicimos, antes era poco lo que se buscaba, luego apareció el crimen organizado y ya nadie quería, después me metí de lleno con la desaparición de mi hija”.

En este año han realizado búsquedas en La Piedad y Sahuayo, pero en diciembre pretenden hacer una más para cerrar con un evento en Zamora. Evangelina exhorta a las personas a que denuncien y que se unan a las búsquedas, pues afirma que cuando desapareció su hija no hubo actividades para poder encontrarla.

Un trabajo que no debería existir

La vicepresidenta de Codefem refiere que buscar a los hijos es un trabajo que no debería existir. “Siempre que ando en la búsqueda me recargo en un árbol y me pongo a pensar en qué momento tuvimos que hacer esto, por qué debemos seguir haciéndolo y es porque nuestros hijos no aparecen”.

Esta labor enfrenta diversos retos, sobre todo las amenazas hacia los familiares y el miedo que infunden, pero también la parte económica para costear sus traslados y comidas, aunque admite que la Comisión de Búsqueda ha apoyado últimamente.

Agrega que muchas veces las propias autoridades son las que tratan de cerrar el camino para encontrar a sus hijos y que si son enviados, no realizan la actividad completa, es decir, que “solo se pasean o no se bajan del carro, se toman la foto y justifican una búsqueda que jamás hicieron”.

El desplazamiento forzado

Una de las consecuencias de las desapariciones, es el desplazamiento forzado, debido a la inseguridad y violencia. La Codefem registra hasta el momento mil 375 personas entre niños, mujeres y ancianos desplazados en Coahuayana, de los cuales 90 ya están ante la ONU, a la espera de recomendaciones.

Los desplazados provienen de Huahua, Pichilinguillo por los problemas en la sierra, de Caleta de Campos, Chinicuila, Coalcomán, Guerrero, Oaxaca y Colima, lugares donde existe una fuerte presencia del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana o Los Rojos.

Evangelina Contreras afirma que la cifra podría aumentar al doble, ya que no han terminado de documentar todos los casos; al menos existen 125 familias en dicho municipio que no se han registrado y que equivale a 500 niños y mujeres.

Otro de los retos que enfrentan estas personas en Coahuayana es la falta de atención médica y servicios como luz, agua, drenaje y vivienda. Hay personas que padecen de cáncer y diabetes y aunque les aseguraron que los iban a atender, doña Evangelina asegura que no fue así y que quizás la intención del gobierno es no apoyarlos.

Antes de finalizar la llamada, la buscadora sugiere a las personas que pasan por una situación similar, a acudir con juez y solicitar un amparo para que inicie la búsqueda inmediata y no tengan que esperar las 72 horas, además, solicita que las autoridades y ellas trabajen en conjunto.

“Esto es demasiado fuerte porque te duele y también dejas a tus demás hijos, nietos que piden convivencia y te tienes que partir, perdemos eso también y si agregamos el desplazamiento, antes yo duraba 15 días con depresión, ahora es hasta dos meses y eso te tumba”.

Construir memoria para la no repetición

Fabiola Raya, integrante del colectivo Familiares Caminando por Justicia afirma que a través del arte se construye un archivo de memoria porque apelan a la no repetición, sin embargo, apunta que existe una alza de desapariciones en todo el estado: en Zamora, Uruapan, Tanhuato, Lázaro Cárdenas y entre los límites de Michoacán y Jalisco.

Familiares Caminando por Justicia se conformó hace varios años, los casos son de larga data, desde los años de la guerra contra el narcotráfico, cuyo presidente en turno era Felipe Calderón Hinojosa.

Al principio era un colectivo de madres buscadoras de hijos que tenía aproximación a prácticas artísticas ya que realizaban murales de memoria en la ciudad, dedicados a familiares desaparecidos y buscaban espacios donde pudieran platicar sobre la desaparición forzada.

Fue en la la coyuntura de la desaparición de los 43 normalistas dónde Fabiola Rayas conoció a las familias Orozco Medina, Ortiz Rubio y Corona Banderas, mismas que aceptaron trabajar con ella en el proyecto “La performance de caminar”, que es la evocación del cuerpo desdibujado de los desaparecidos.

El objetivo es visibilizar el tema y que las familias caminen por esos espacios, que se vuelvan a encontrar con la comunidad de donde muchas veces son desplazados. A decir de Fabiola Rayas, eso sirvió para darse cuenta que la desaparición opera desde una estrategia del terror y control del estado para fragmentar comunidades.

A través del arte intentan hacer la mayor cantidad de plataformas posibles para visibilizar y hablar de este tema: las familias caminan por esos espacios, se vuelven a encontrar con la comunidad de donde muchas veces son desplazadas, entonces se dieron cuenta como la desaparición opera desde una estrategia de terror y control del estado para fragmentar a las comunidades.

Cuando sucede una desaparición se instaura un silencio, no solo en la familia sino en el contexto, los desaparecidos no tienen que ser nombrados.

Actualmente el colectivo trabaja dos ejes, el jurídico y el de memoria, en total son 35 los visibilizados y 25 en acompañamiento jurídico y memoria, además hay 120 casos documentados en distintas partes del país.

Esta actividad ha permitido cartografiar y tener herramientas de documentación y visibilidad, pues son mapeadas las caminatas del performance que son las rutas cotidianas de los desaparecidos, los lugares de desaparición, las rutas del desplazamiento forzado y las rutas de nuevos móviles de desaparición que se realizan, sobre todo, en grupos jóvenes jornaleros.

Otra actividad es bordar los rostros de los desaparecidos que comenzó un 30 de agosto, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y aunque se realizaba cada mes en la Plaza de Armas, durante la pandemia cambió. Ahora varía y hay meses que sí se hace y otros que no.

“Con el paso del tiempo este trabajo que estaba más cerca de espacios con el arte, se convirtió en una forma de documentación interna y ahora es un archivo de memoria que estamos construyendo para la comunidad”.

Rayas añade que no solo se trata de documentar las ausencias, sino lo que pasa con los familiares a través de los años, porque también se desgastan por la angustia, el estrés, siguen siendo perseguidos o asesinados en la exigencia de memoria, verdad y justicia.