Morelia, Michoacán.- Por omisión de investigación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) levantó una queja de oficio contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán tras la localización de la fosa clandestina con más de 70 cuerpos localizados en el municipio de Tacámbaro.
El presidente de la CEDH, Marco Antonio Tinoco Bravo, informó que la queja de oficio fue levantada derivado de las publicaciones hechas por los medios de comunicación sobre el hallazgo de la fosa clandestina en Tacámbaro, que que fue dado a conocer a El Sol de Morelia por la diputada del Partido Verde Ecologista (PVEM), Margarita López Pérez.
En entrevista, Tinoco Álvarez explicó que la queja fue registrada por omisión de investigaciones por parte de Seguridad Pública, por lo cual la Comisión Estatal se encuentra recabando y documentando toda la información necesaria para conocer a fondo el hallazgo de dicha fosa clandestina.
El titular de la CEDH aclaró que el órgano defensor de derechos humanos sólo levanta la queja para recabar información y en su momento emitir la recomendación a la autoridad que corresponda en el sentido de no haber realizado adecuadamente su trabajo en el servicio público.
El defensor abundó en que quien debe realizar las investigaciones y el acordonamiento de la zona es la Fiscalía, mientras que la CEDH sólo acompaña a la Comisión Estatal de Búsqueda sin tocar ningún material genético.
Sobre el particular, Tinoco Álvarez refirió que en este año la CEDH ha recibido 15 quejas en total por hallazgos de fosas clandestinas no solo Tacámbaro sino también en la zona de Los Negritos perteneciente al municipio de Villamar donde ya se han localizado más de 30 cuerpos, o bien, en la comunidad de El Aguaje.
“Cuando sabemos de alguna situación, tomamos de los medios de comunicación la información para levantar la queja en omisión de investigación o de auxilio por parte de las autoridades competentes”, agregó.
Según el presidente de la CEDH, el organismo recibió el año pasado cuatro mil solicitudes, de las cuales mil 800 derivaron de una queja por violaciones a los derechos humanos contra distintas autoridades locales como SSP, Salud o Educación.
