Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Michoacán se encuentra en la posición 27 a nivel nacional en cuanto a incidencia de extorsión, un delito que ha incrementando durante los últimos años acumulando "datos fríos", afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.
Durante la entrega de la iniciativa de Ley contra el delito de Extorsión en Michoacán que presentó este viernes el gobierno estatal, el consejero jurídico del gobierno estatal, César Augusto Ocegueda Robledo, dijo que en 2021 solo se investigaron y sancionaron dos casos de extorsión y en 2022, seis casos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública, la cifras de extorsión representa el 97.4 por ciento de casos de extorsión donde no hay denuncia e investigación; "Hay una enorme cifra negra en la evolución de este delito, hay un desfase y una errónea estrategia para combatirlo", dijo el consejero.
Este delito cuya sanción va de 4 a 12 años de prisión y de 100 a 500 días de multa, ha estado sin reformas desde el 2014. Los municipios con mayor incidencia en Michoacán son Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, Zitácuaro y La Piedad.
Los tipos de extorsión que existen son el cobro de pisos, cobro de protección, cobro de falsas deudas, de accidentes vehiculares provocados, amenazas telefónicas que muchas veces provienen del interior de los centros de reclusión.
¿Qué propone la iniciativa del gobierno estatal?
Aumentar la penalidad de 15 a 25 años, trasladar el capítulo de la extorsión del titulo de delitos contra el patrimonio hacia el título de delitos contra la paz de las personas.
Que se persiga de oficio cuando el Ministerio Público tenga noticia de que afecta a las actividades económicas o productivas del estado, obligar a servidores públicos en el ejercicio de sus funciones a denunciar inmediatamente al Ministerio Público la probable existencia del delito e incluir la modalidad de delitos por medios electrónicos o nuevas tecnologías.
Los agravantes serán considerados cuando se realiza por personas privadas de la libertad, cuando los servidores públicos de vigilancia faciliten los medios para que se cometa la extorsión y cuando se reciba dinero o bienes de la víctima en más de una ocasión.