Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Michoacán se ubica en la posición número 18 en el Índice de Estado de Derecho en México desarrollado por la organización World Justice Project (WJP), la cual analiza avances y deterioros en desempeños institucionales por entidad federativa.
El puntaje general para este caso es de 0.40, en una escala que va del cero al uno, donde una unidad indica mayor respeto al Estado de derecho. En ese sentido, el indicador demuestra que se está por debajo de lo óptimo recomendable, pero ninguna otra entidad tiene puntajes arriba del 0.50, siendo el puntero Querétaro, con 0.49, seguido de Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). La media nacional es de 0.41.
Respecto a la medición del año pasado, Michoacán subió una posición en el mapa nacional, pero bajó 0.01 en su puntaje general. Entre los ocho indicadores que se miden, los que tienen mejor resultado son los derechos fundamentales, con calificación de 0.48, seguido del gobierno abierto (0.46), orden y seguridad (0.45) y límites al poder gubernamental (0.40).
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En contraparte, los peores evaluados son la ausencia de corrupción y el cumplimiento regulatorio (ambos con 0.34), la justicia penal (0.35) y la civil con 0.36. En el comparativo nacional, donde se hayan más rezagos es en el cumplimiento regulatorio, ya que la entidad ocupa el puesto número 24 entre las 32 del país.
Dentro del rubro Límites al poder gubernamental, que evalúa a los poderes que en teoría deben ser contrapeso al Ejecutivo, aparecen con suma debilidad los organismos de control (0.25) y el Legislativo (0.37), en tanto que el Judicial acumula 0.48. En ese rubro se da cuenta de ineficiencias para sancionar los abusos de poder, al tener solo 0.38 puntos.
Sobre la garantía para gozar de derechos fundamentales, los laborales son los más lastimados, junto a los relativos a la privacidad. En cambio, la libertad religiosa aparenta una buena salud con 0.77 puntos, mientras que la libertad de expresión se queda en 0.46.
La justicia civil muestra varios subfactores mal puntuados, entre ellos el que las personas conozcan sus derechos (0.30), que se evite la burocracia (0.31) y que haya una ejecución efectiva de las resoluciones civiles (0.33). El Poder Legislativo es señalado como el más proclive a la corrupción, casi empatado con las instituciones de seguridad y procuración de justicia (0.29 y 0.30, respectivamente).
En cuanto a la justicia penal, se tiene la percepción de que la investigación en este rubro es poco eficaz, con apenas 0.20 puntos, mientras que el debido proceso y los derechos de las víctimas llegan al 0.40. La participación ciudadana para las políticas gubernamentales muestra un gran rezago (0.31), la mitad en comparación al derecho a la información pública.
Por último, el cumplimiento regulatorio muestra su peor rostro en el debido proceso para procedimientos administrativos (0.24), lo mismo que en los derechos de propiedad y el cumplimiento regulatorio eficaz (0.32 y 0.33, respectivamente).
En una comparativa general con los estados vecinos, Michoacán es superado por Querétaro, Guanajuato y Colima, pero está ligeramente mejor a Jalisco, Estado de México y Guerrero.
El índice a cargo de World Justice Project retoma datos de tres fuentes distintas: encuesta a población general, encuestas a especialistas y fuentes oficiales.
Justicia lenta en feminicidios
Respecto a los feminicidios, los procesos para dictar sentencia incluso a asesinos confesos y donde se cuenta con todo tipo de pruebas puede demorar hasta tres años, como ocurrió con el caso de Lucía Ugalde, una mujer de 36 años asesinada en la ciudad de Morelia, por su expareja en 2019, pero sentenciado apenas en abril pasado (2022).
La justicia penal en Michoacán se ubica en la posición número 20 respecto a los 32 estados del país, situación que se refleja en demoras como la mencionada, que en palabras de Ireri Ugalde, hermana de la víctima, se debe en parte al colapso que enfrenta el Poder Judicial, con poco personal y toneladas de expedientes que se acumulan todos los días.
Otro punto señalado por la organización es el debilitamiento del Poder Legislativo calificado con 0.37 puntos que en el caso de Ugalde fue paradigmático, debido a que el agresor (feminicida) no alcanzó la pena máxima de 50 años debido a que los diputados olvidaron modificar el artículo 31 del Código Penal en 2019, por lo que el juez adujo en la audiencia final que no podía violar la ley vigente y aplicarla al momento en que sucedieron los hechos.
Es decir, la ley en el estado, ni es retroactiva ni tampoco pueden juzgarse crímenes pasados con leyes vigentes.
