Morelia, Michoacán (OEM - Infomex).- Los rostros de Ramón Ángeles Zalpa, María Esther Aguilar Casimbe, Antonio García Apac y Mauricio Estrada Zamora dan vida a un mural que se localiza en el punto que divide al Centro Histórico de Morelia de la avenida Nocupétaro. A diario, cientos de peatones pasan por ahí y si los invade la curiosidad se darán cuenta que se trata de un homenaje a 27 periodistas desaparecidos en México, considerado el país más riesgoso para ejercer este trabajo que, en otros tiempos, Gabriel García Márquez describiría como el mejor oficio del mundo.
Inaugurada el 24 de octubre del año pasado, la pintura fue realizada por integrantes del colectivo Juan Panadero, iniciativa a la que se sumaron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, las organizaciones Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras, además de comunicadores estatales pertenecientes al grupo Ni Uno Más.
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Los periodistas plasmados en el mural ejercían su labor cotidiana y de un momento a otro ya no se supo de ellos. Ramón Ángeles Zalpa era corresponsal de Cambio de Michoacán en Paracho al momento de su desaparición, el 6 de abril de 2010. De acuerdo a algunos testimonios, esa mañana se le vio conducir su Jetta color gris rumbo a la Universidad Pedagógica Nacional, a la que nunca llegó.
María Esther Aguilar Casimbe fue la primera mujer periodista víctima de desaparición en Michoacán. El 11 de noviembre de 2009 fue la última vez que se supo de ella, cuando recibió una llamada telefónica que la obligó a salir de casa. Desde entonces no se sabe dónde está, pero tampoco se sabe mucho de su trabajo como reportera de nota roja porque todos los archivos digitales de sus notas fueron borrados. Al igual que Ramón, era corresponsal de Cambio de Michoacán, pero en Zamora, que desde entonces ya figuraba como una de las urbes con mayores índices de violencia en la entidad.
José Antonio García Apac investigaba las actividades de un grupo delictivo que se hacía llamar “La Empresa” y posteriormente se transformó en La Familia Michoacana. Desapareció el 20 de noviembre de 2006, cuando un comando lo golpeó para después llevarlo con rumbo desconocido. El plagio ocurrió en La Ruana, otra de las zonas conflictivas del estado, cuna de las autodefensas y que hoy en día sigue marcada por la violencia cotidiana.
El 12 de febrero de 2008, Mauricio Estrada Zamora abandonaba las instalaciones de La Opinión de Apatzingán para ir a descansar a su casa, según le confió a su colaborador Hugo Alfredo Olivera Cartas. Eso nunca pasaría, pues el auto que manejaba apareció con el motor encendido en la comunidad de Peña Colorada, en el municipio de Buenavista. A 15 años de esos hechos no se sabe nada de su paradero, pero lo que sí se conoció es que ese amigo llamado Hugo Alfredo Olivera fue asesinado el 5 de julio de 2010, cuando era editor de El Día de Michoacán.
Michoacán es particularmente peligroso: Jesús Lemus
Si un periodista ha sufrido los embates de la persecución por su trabajo es Jesús Lemus Barajas, quien estuvo tres años en prisión acusado de narcotráfico, delito del que después quedó absuelto por falta de pruebas. Sus investigaciones respecto a la posible relación entre Luisa María Calderón Hinojosa y Servando Gómez “La Tuta” le valieron una embestida desde el poder que no terminó ahí, pues recientemente denunció amenazas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la publicación del libro “El fiscal imperial”.
En entrevista, el actual colaborador de Los Angeles Times afirma que si México es peligroso para ejercer el periodismo, Michoacán lo es todavía más, “porque confluyen cuatro factores: es un estado con alta presencia del narcotráfico, tiene una clase política corrupta, hay una disputa por los recursos naturales y está abandonado por el gobierno federal”.
Bajo ese entorno, Lemus apunta que una gran parte de los medios de comunicación locales se someten a los intereses del gobierno en turno y se deja del lado el periodismo independiente. “Al mismo tiempo que Michoacán es un estado riesgoso para los periodistas, se convierte en una gran zona de silencio”, añade, pero también subraya que con dichas circunstancias se abren oportunidades para la investigación a fondo y así distinguirse de los canales oficialistas.
En contraparte, observa que la comunicación independiente tiene altos riesgos en una entidad como la nuestra, “hablamos de la seguridad personal de los periodistas, y también de su seguridad económica, porque muchos de ellos se enfrentan a la precariedad laboral; hacer esa clase de periodismo obliga a casi todos a buscarse un trabajo alterno”.
Jesús Lemus Barajas reflexiona sobre el modelo económico que impera en los medios de comunicación, específicamente en Michoacán: “Nos enfrentamos a lectores que exigen mucho, que se enojan con el periodista, que lo acusan de todo, pero ese lector no da nada, no compra los diarios y ni siquiera abre los portales, es una sociedad muy ingrata”.
Los puntos de riesgo para ejercer el periodismo se acentúan en municipios distintos a Morelia, dice Lemus, ya que ahí los reporteros “se la juegan” sin medios importantes que los cobijen ni focos de atención en lo global.
Agresiones no paran
El año pasado dos asesinatos de periodistas michoacanos se sumaron a las agresiones contra el gremio. Primero, el caso de Roberto Toledo, matado a tiros el 31 de enero mientras llegaba a las oficinas donde laboraba. Después, el 15 de marzo, su compañero Armando Linares era ejecutado afuera de su propia casa. Ambos eran integrantes de Monitor Michoacán, portal de Zitácuaro que había publicado diversos reportajes que el mismo Linares calificó de incómodos para el poder.
Ya en este 2023 algunos periodistas han sufrido casos de acoso, intimidación y agresiones verbales. El pasado 29 de marzo, la reportera de El Sol de Morelia, Guadalupe Martínez Ocampo, fue intimidada por la diputada Anabet Franco Carrizales, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Tras un intercambio de palabras, la legisladora encaró a la periodista para preguntarle si tenía algún problema, y ante la respuesta de si eso era una especie de amenaza, la respuesta fue “tómalo como quieras, corazón”, al tiempo que le tocaba el hombro. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía especializada de Libertad de Expresión y Derechos Humanos, que elaboró el expediente número MOR/053/25823/2023, y tras lo cual Martínez recibió un mecanismo de protección.
El 11 de abril, policías municipales detuvieron sin razón alguna al periodista Francisco Torres Morales, enlace de prensa de la Secretaría del Medio Ambiente, así como colaborador habitual del portal informativo Contrapeso. El argumento de los uniformados fue que había una orden de aprehensión contra un homónimo en el estado de Baja California, por lo que lo esposaron y lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado, sin darle oportunidad para avisar a sus familiares. Tras varias horas retenido, se le liberó y el ayuntamiento de Morelia nunca pidió una disculpa, por el contrario, justificó la acción y dejó ver que la queja del reportero traía connotaciones políticas.
En las manifestaciones sociales los periodistas corren riesgos. Durante la marcha feminista del pasado 8 de marzo, integrantes del colectivo Frente Violeta violentaron a mujeres reporteras que cubrían la jornada. Hubo agresiones verbales, empujones y amenazas de golpearlas con palos, pese a que se habían sujetado a las recomendaciones que las mismas colectivas difundieron en días previos. Un año antes, también en el 8M, fue la policía quien agredió no solo a mujeres que protestaban, sino a reporteras y reporteros que daban cobertura mediática en el Centro Histórico.
El 27 de diciembre del año pasado, el comunicador Melchor Ornelas Pedraza, director de El Despertar Michoacán, fue intimidado por elementos de la Guardia Civil mientras hacía un Facebook Live en las instalaciones del Parque Nacional del Lago de Camécuaro, donde recientes remodelaciones han dividido opiniones en la sociedad.
El fotoperiodista José Estrada Serafín tampoco se libró del maltrato a los periodistas. El 16 de agosto del año pasado cubría la manifestación de simpatizantes de Pueblos Unidos, quienes fueron detenidos en un operativo. En ese momento, dos escoltas de seguridad le arrebataron su equipo fotográfico a la altura de Avenida Camelinas en su cruce con el Boulevard García de León, lo que terminó en una denuncia ante la FGE bajo número de expediente MOR/053/33472/2022.
El 29 de enero de 2021, el periódico Gente del Balsas publicó una nota titulada “Instruye ASM ampliar denuncias contra gobierno de Itzé Camacho”, referente a observaciones documentadas en las finanzas del municipio de Lázaro Cárdenas. Tras la nota, el gobierno local promovió una demanda “por daño moral y demás prestaciones” en contra del reportero Francisco Rivera Cruz y la empresa periodística.
De acuerdo a un recuento del colectivo de periodistas Ni Uno Más Michoacán, desde 2006 a la fecha han sido asesinados 14 comunicadores, mientras que seis están en calidad de desaparecidos. El colectivo sostuvo reuniones con el gobierno estatal el año pasado para buscar mejores mecanismos de protección, pero el diálogo se rompió ante decisiones unilaterales que no fueron consultadas, además de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no ha aceptado un diálogo directo con los periodistas.
