Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Un grupo de 12 mujeres provida se manifestó por fuera del Poder Legislativo para rechazar que se eliminine la criminalización que existe para las mujeres que abortan en Michoacán. La acción se da previo a que el Pleno admita a discusión el tema.
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Adriana Saucedo Torres, integrante de la Coalición de los Derechos Humanos y Políticos aseguró que en Michoacán no se criminaliza a la mujer que aborta y afirmó que “la Suprema Corte jamás legalizó el aborto, sigue siendo un delito, únicamente le quitó la pena o la punibilidad que es la pena privativa de la libertad y es inoperante en la entidad”.
No obstante, la iniciativa que presenta la diputada del Partido del Trabajo (PT) Gabriela Cázares Blanco respecto del tema y a la que se le dará entrada para su posterior discusión ante el Pleno, plantea que “el Estado garantice la interrupción legal del embarazo al menos dentro de las doce semanas de gestión, de forma segura y gratuita, quedando prohibida la criminalización absoluta del aborto”.
Actualmente en Michoacán se penaliza hasta con dos años de cárcel a las mujeres que realizan un aborto por voluntad propia, aunque ni ella ni el producto pongan en riesgo la vida de ambos.
El pasado 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por unanimidad de diez votos, la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta. De esta forma, declaró como invalido del artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, en el que se establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien le hiciere abortar con el consentimiento de ella, puesto que se vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.
Al haber emitido fallo en tal sentido, la Corte obliga a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, a resolver casos futuros en donde se consideren inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, se asienta en la iniciativa de la legisladora.
Por ende, propone que “toda persona tenga derecho a los bienes, servicios e información para el pleno ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva; así mismo, se pretende reconocer los derechos sexuales, reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Finalmente, se estipula que el Estado garantice la interrupción legal del embarazo al menos dentro de las doce semanas de gestión, de forma segura y gratuita, quedando prohibida la criminalización absoluta del aborto”.