Morelia, Mich (OEM-Infomex).- Desde finales del mes de septiembre del 2021 el Ayuntamiento de Morelia implementó los operativos de alcoholímetro como una política pública de prevención de accidentes, en este lapso de tiempo se han realizado un total de tres mil 913 pruebas, de las cuales, se han originado un total de dos mil 600 infracciones.

Aunque la administración que encabeza Alfonso Martínez Alcázar ha explicado que se trata de una medida con la que se busca salvar vidas y disminuir los incidentes viales, la realidad es que también los ingresos a las arcas municipales por el concepto de multas han venido al alza, lo que ha permitido invertir en la estructura de la propia Policía de Morelia.

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Lo anterior lo confirmó el tesorero municipal, Héctor Gómez Trujillo, quien detalló que, aunque no existe un desglose como tal para precisar cuánto dinero es el que ingresa por multas derivadas de los alcoholímetros, señaló que el sistema captura el monto por infracciones viales en general y en este sentido, puntualizó que en el último corte la cifra ascendía a los 27 millones de pesos.

“De los recursos que provienen de las multas, prácticamente en su totalidad se destinan a la Policía Morelia, un ejemplo de ello es que recientemente dimos 18 millones de pesos al programa del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), eso implica que se está invirtiendo en equipamiento y capacitación, dos puntos que son prioridad para el alcalde”.

De la misma manera, el funcionario expuso que el recurso también ha servido para solventar la compra de 300 cámaras corporales, cuyo precio ascendió a los 10 millones 500 mil pesos, así como tres unidades Racers y el incremento salarial del 15 por ciento para los elementos que conforman la corporación policiaca.

Se debe recordar que el reglamento de Tránsito y Vialidad de Morelia estipula que los ciudadanos que manejan un automóvil con una cantidad mayor a los 0.06 miligramos de alcohol, serán sancionados con una multa de entre 30 hasta 65 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre dos mil 886 pesos y seis mil 254 pesos.

Aunado a esto, también se indica que, de acorde a los niveles de alcoholemia, es como se determinará la multa, pues de 0.07 a 0.19 mg corresponde a una sanción de 30 UMAS y arresto inconmutable por 36 horas de trabajo comunitario; de 0.20 a 0.24 mg multa de 45 UMAS y 36 arresto conmutable; de 0.25 mg de 45 a 65 UMAS y 36 horas de arresto conmutable.

Por su parte, el comisionado de Seguridad, Alejandro González Cussi, externó que desde la Policía Morelia siguen promoviendo los operativos de alcoholímetro como una política pública para salvar vidas y no como un tema recaudatorio.

“Las sanciones en el reglamento municipal son dos, la multa y el arresto, pero lo que hemos hecho nosotros es solo ejecutar la multa a través del Juez Cívico”, explica.

“Si tú vas a ciudades como Guadalajara, León, Querétaro y Ciudad de México, no te salvas del arresto; en cambio aquí, conmutamos el arresto por trabajo comunitario en actividades masivas como es la ciclovía dominical, ya que nuestro interés está en el cambio de cultura y conciencia, en ese buscar evitar la reincidencia en el manejo con consumo de alcohol”.

Si bien las estadísticas de la Policía Morelia reflejan que con los operativos se ha logrado disminuir la incidencia de accidentes viales hasta en un 27 por ciento, el comisionado aceptó que el cambio de consciencia en la ciudadanía no se ha logrado en su totalidad, ejemplificó que ha habido noches donde en un filtro llegan a resguardar hasta 70 autos.

“Es un tema que nos preocupa porque finalmente los filtros se dan en las mismas ubicaciones, entonces tenemos conocimiento de que los ciudadanos se comparten los datos a través de grupos de WhatsApp o redes sociales para burlarlos”.

“Es complicado combatir eso porque no podemos clausurar esas vías de comunicación, por lo que seguimos apelando a la cuestión de llamar a asumir la responsabilidad por la seguridad de todos”, añade.

Para reforzar la parte de la cultura vial, González Cussi adelantó que lanzarán una segunda etapa del alcoholímetro, donde en conjunto con bares y restaurantes de la ciudad, se hará una labor de concientización.

De tal manera que en una primera etapa se buscará sensibilizar a los jóvenes que ingresan a los centros nocturnos sobre la importancia de no manejar bajo los efectos del alcohol, además de que proyectarán videos que abordan el tema en distintos momentos de la noche.

A mediano plazo, añadió que el objetivo es que sean los propios dueños de los establecimientos quienes realicen las pruebas de alcoholemia.

Ya mejor tomo Uber

Javier Sánchez y su pareja habían bebido una caguama durante la noche. Al norte de la ciudad, cerca de Casa Michoacán, observaron que el tránsito vehicular se hacía cada vez más lento por el operativo de alcoholímetro que se había instalado en esa zona.

Confiados de que el nivel de alcohol era mínimo, ni siquiera buscaron esquivar a los elementos de la Policía Morelia.

“La revisión es aleatoria, cuando me toca el médico me pidió que soplara en tres ocasiones el aparato y aunque nunca me enseñó el resultado como tal, me dijo que en realidad no traía mucho alcohol, pero al momento de certificar me informaron que se me iba a retirar el vehículo porque marqué lo doble de lo permitido, es decir 0.12 mg”.

Al día siguiente, Javier acudió a la Comisaría Municipal con el juez cívico y se le notificó que la multa a pagar ascendía casi a los seis mil pesos, que se sumó a los 800 pesos en el pago de la grúa, los 80 pesos del corralón y los Uber para trasladarse de un punto a otro; además de ocho horas de servicio comunitario en el Banco de Alimentos . La suma gastada en ese descuido fue de más de siete mil pesos.

Aunque reconoció su error, consideró que fue injusto, pues tras revisar el reglamento municipal, se percató de que, acorde con los 12 mg que llevaba de alcohol, le correspondía una sanción de 30 UMAS y no de 60, como finalmente el juez cívico lo dictaminó.

Después de la experiencia, compartió que cuando sale a cenar, o a cualquier lugar, evita ingerir aunque sea una cerveza, mientras que en las noches, prefiere resguardar el vehículo para sustituirlo por el Uber, “pues ya no puedo, ni quiero ni necesito arriesgarme una vez más a pagar una cantidad que ni siquiera tengo”.

En el negocio de las grúas de arrastre no hay ley aplicable. Ni el gobierno del estado, ni la federación, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni el ayuntamiento de la ciudad tienen control sobre el cobro de los servicios que ofrecen los negocios de grúas.

En Morelia, si un automovilista se ve involucrado en un accidente de tránsito, en una detención por el alcoholímetro que requiera grúa, la tarifa aproximada que cobran las empresas va de los 294 hasta los 862 pesos y si sucede en carretera interestatal se llega a cobrar hasta 600 mil pesos por salir de sus instalaciones -banderazo- en un servicio local.

No hay una regulación en la precio como tal porque las empresas fijan los costos según el tipo de grúa, tamaño del vehículo, daño, maniobra, tiempo de servicio, infraestructura usada y distancia.

Además, no hay figura legal que sustente dichos costos, ni en la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán en el que se rigen las empresas para operar en municipios como Morelia, como tampoco existe una tarifa establecida en el Reglamento de Tránsito Estatal en el que se basan los oficiales para remitir un vehículo al corralón.

Las quejas de presuntos actos de corrupción que realizan los agentes de tránsito e inspectores de la Comisión Coordinadora de Transporte (Cocotra) en supuestos contubernios con las empresas de grúas particulares, están a la orden del día.

En mayo del 2020 el Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de Ley que tenía como finalidad crear un tabulador de precios en el servicio de grúas privadas en el estado que participan en el traslado de vehículos por accidentes viales o falta administrativa.

La iniciativa fue modificada en comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes con Hacienda y Deuda Pública, donde se determinó que los precios de servicios de grúas no pueden generalizarse en todo el estado por las condiciones geográficas y económicas de cada municipio.

La reforma aprobada en el Congreso de Michoacán permite que los usuarios que se vean involucrados en accidentes viales o faltas administrativas puedan elegir para el arrastre de su vehículo la empresa que más le convenga, pese a los convenios signados del estado y municipio con alguna empresa en particular.

En Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) registra en promedio más de dos mil 65 incidentes de tránsitos, de los cuales aproximadamente el 20 por ciento ocuparon grúa, según datos de la aseguradora Qualitas”, quien en promedio atiende al mes 100 accidentes de tránsito solo en la capital michoacana.