Morelia, Mich. (OEM-Infomex).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no se disculpará públicamente por el caso Arantepacua, como lo pidió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así lo manifestó en conferencia de prensa, donde también aseguró que dicha comunidad “es refugio de grupos delincuenciales”.
A juicio del mandatario estatal, la recomendación que giró la CNDH, en la que se le pidió una disculpa pública por las cuatro ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 56 allanamientos ilegales registrados en Arantepacua el pasado 05 de abril de 2017, a manos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), carecería de sustento.
“Esa idea que traen de que debe haber una disculpa pública necesita estar bien sustentada, porque si no, es aceptar tácitamente que el responsable fue la corporación (SSP), cuando ésta ha demostrado que en la comunidad hay refugio de grupos delincuenciales y que estarían atrás de la provocación”, subrayó.
Sin precisar detalles, Aureoles Conejo mostró un documento para dar a conocer que la administración a su cargo sí respondió a las recomendaciones de la CNDH por el caso Arantepacua, en las que también se sugirió investigar a los mandos que movilizaron a 300 elementos de la Policía de Michoacán para inhibir un conflicto agrario entre habitantes de esta demarcación y comuneros de Capácuaro.
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“En el tema de la CNDH, vi por cierto una nota de que no hubo respuesta a las recomendaciones, pero quiero mostrarles un oficio, con la firma de recibido, de que nosotros entregamos el 21 de enero y el plazo se vencía el 22. Entonces, cumplimos en tiempo y forma”, manifestó el mandatario en franca referencia a una nota informativa publicada en este medio, donde comuneros aseguraron que la administración estatal ignoró el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De los detalles de la contestación poco se conoció, pese a que esta casa editorial solicitó, sin éxito, tener acceso a la información que expuso el mandatario estatal, a través de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán.
Por otra parte, el gobernador aprovechó los cuestionamientos de la prensa para asegurar que, además de intereses criminales, detrás del caso Arantepacua también existirían aspiraciones político-electorales.
“Está teniendo un manejo político-electoral y partidista, el que anda movidísimo detrás del tema es el hermano del senador Casimiro Méndez Ortiz. Entonces hay que irnos con cuidado”, agregó.
Arantepacua, sin respuesta gubernamental
Francisco Hernández Cohenete, representante de las víctimas de Arantepacua, dijo desconocer el contenido de la respuesta que el Gobierno de Michoacán emitió ante las recomendaciones de la CNDH, y condenó que “no se dé la atención directa a la comunidad. Las víctimas estamos acá, no en la comisión”, reprochó.
“Nosotros en la comunidad no sabemos nada, retomaremos acercamientos con nuestros asesores jurídicos para ver qué fue lo que se contestó, porque hasta el momento, nosotros, los afectados, no hemos tenido ningún tipo de respuesta”, señaló.
Ante las acusaciones del gobernador, dijo que “ésa siempre ha sido la justificación de las autoridades, tacharnos de delincuentes; es su única salida porque la verdad está saliendo a la luz”.
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A este argumento se sumó Hugo Martínez Alonso, integrante del Consejo Comunal Indígena de Arantepacua, quien lamentó que “las autoridades nos sigan denigrando con que tenemos intereses electorales. No veo por qué, cuando hace apenas unos días informamos que no permitiremos la instalación de casillas electorales en la comunidad, no confiamos en la clase política”, dijo.
Tal y como se había manifestado con antelación, los comuneros entrevistados advirtieron que, “ante la omisión de las autoridades”, en próximos días llevarán a cabo movilizaciones, para exigir justicia “por los caídos” del 05 de abril de 2017, fecha en que se escribió una de las páginas más amargas para la comunidad indígena de Arantepacua.
