Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El ejercicio 2022 arranca con ánimos de aplicar la justicia administrativa a pasadas administraciones de los ayuntamientos de Uruapan y Pátzcuaro, donde se detectan irregularidades cometidas por pasadas administraciones y donde hay desde observaciones por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el caso de Uruapan, a demandas judiciales en el caso de Pátzcuaro.
En el caso del municipio aguatero la ASF determinó iniciar investigaciones a la pasada administración municipal por un recurso que ronda los 240 millones de pesos, y que de acuerdo con el presidente Ignacio Campos, aún no se determina si hay delito o desvío de recursos, precisamente para eso se inician las investigaciones en el espíritu de determinar si existe delito, quién lo cometió y a cuanto haciende el posible desfalco de la hacienda pública.
El presidente municipal señaló que desde iniciado el proceso de entrega recepción comenzó a ser evidente el hallazgo de un recurso que no se ha justificado en gastos o a qué se destinó el recurso en diferentes rubros y áreas de la administración pública, la observación es casi del 10% del presupuesto administrativo con el que habría operado la administración pasada, por lo que la Auditoría tomó parte y deberá hacer los peritajes pertinentes.
“No estamos haciendo una denuncia, estamos diciendo que hay un hallazgo y se deben esclarecer dudas propias de las autoridades fiscalizadoras”, expresó el munícipe, a la vez que refirió que todos los involucrados, administración actual y anterior, deberán cumplir con todos los requisitos y pesquisas que requiera la Auditoría.
En este sentido, los funcionarios de primer nivel de la pasada administración entran a una dinámica de comprobación de gastos y erogaciones para comprobar si hay faltantes o no. Esta determinación se dio a conocer apenas este viernes 7 de enero, señalando que la Auditoría encontró elementos suficientes para iniciar las investigaciones en relación con el recurso antes mencionado.
La observación es en el ejercicio del año 2021, cuando estuvo al frente de la administración Miguel Paredes, quien sustituyó a Víctor Manríquez, personaje que dejó el ayuntamiento para asumir la presidencia del CEE del PRD.
Pátzcuaro prepara una demanda judicial por 5 millones de pesos
En el caso del Ayuntamiento de Pátzcuaro también hay faltantes, en este caso hay documentos que registraron el posible saqueo del erario público cometido por funcionarios de elección y hasta trabajadores de confianza en puestos de primer nivel, esta misma semana iniciarán con las demandas judiciales y el primero en la lista es el ex regidor y luego trabajador del Ayuntamiento, Édgar Alberto Pérez Guzmán, en las dos administraciones que encabezó Víctor Báez, quien habría sido comparsa al otorgar su anuencia para que el aludido solicitara un préstamo personal por el orden de 108 mil 335 pesos, que ahora se niega a pagar, así como disponer de recursos en partidas denominadas ‘gastos por comprobar’, 263 mil 311 pesos que nunca se justificaron.
DE acuerdo con el Presidente municipal Julio Arreola, refirió que no fue el único regidor que recibió préstamos, hubo más personas que con la anuencia del alcalde anterior solicitaron créditos personales, muchos de ellos tuvieron la dignidad de regresar los recursos antes de concluir la administración, pero hay quienes de manera decidida no quieren pagar estos préstamos generando un daño al erario.
En este mismo ayuntamiento también hubo desfalcos en el OOAPAS, el modus operandi era contratos o pagos a empresas proveedoras con diferentes nombres pero curiosamente siempre se facturaba con un mismo Registro Federal de Causantes (RFC), propiedad de una hija de un trabajador de esa área y que justificó erogaciones por casi tres millones de pesos a lo largo de la pasada administración municipal.
Julio Arreola adelantó que en breve dará a conocer más nombres y montos de las personas que participaron en el desfalco de las arcas públicas, “los vamos a dar a conocer porque mucha gente es testigo de estas fechorías y nos están pidiendo que lo demos a conocer, y por otro, porque se trata de recursos públicos que no son aplicados en beneficio del bien común para el que fueron destinados”, señaló.
