Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Al clima de zozobra provocado por el enfrentamiento armado entre integrantes del crimen organizado en plena vía pública, en San José de Gracia se suma otro infortunio: la denuncia de un fraude ejercido por dos cajas de ahorro popular que se calcula en mil millones de pesos, lo que tiene en desamparo a las familias de la región.
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Las sociedades señaladas de quedarse con los ahorros e intereses de los vecinos son la Institución de Crédito, Ahorro e Inversión San Nicolás de Bari, así como la Cooperativa Marcos Castellanos, A.C. La primera es representada por Gustavo Armando Miranda Villanueva, mientras que Flora Teresa García Marcelo administra a la asociación civil.
Entrevistado en la cabecera municipal, Ricardo Vergara, en representación de algunos de los afectados, relata que nunca habían tenido problemas con ambas sociedades de ahorro y préstamo, pero éstos llegaron tras el inicio de la pandemia en 2020. Ambas empresas anunciaron un cierre temporal para evitar riesgo de contagio, pero dos meses después reabrieron con la noticia de que no había disponibilidad de efectivo, ya fuera para reclamar intereses o acceder al capital.
De acuerdo con los inconformes, unos 14 mil habitantes tienen dinero invertido en ambas cajas populares, pero también hay pobladores de municipios cercanos como Jiquilpan, Sahuayo y Mazamitla (Jalisco) que acudían a depositar constantemente.
En el caso de San Nicolás de Bari se habla de 700 millones de pesos que no han sido devueltos, mientras que 280 millones se quedaron en la asociación civil a cargo de Flora García. Los empleados de ambas sociedades comenzaron a informar que en octubre del 2020 ya habría dinero, pero invitaban a no hacer ninguna denuncia. De lo contrario, se declararían en quiebra y solo iban a devolver las partes sociales, calculadas en 500 pesos por socio.
Vergara señala que prácticamente todas las familias de la cabecera municipal confiaron en ambas cajas populares; “hay quienes tienen ahorrados 600 mil pesos, pero en otros casos acumulan más de 4 millones, toda una vida de trabajo y esfuerzo”. Apunta que la empresa con más años de vida es la asociación civil, inaugurada hace casi tres décadas, por lo que los habitantes siempre confiaron en este esquema financiero, reforzado por el hecho de que sus representantes son vecinos de la cabecera municipal.
Recuerda que hace siete años se abrió la cooperativa San Nicolás de Bari, ofreciendo una tasa de interés de hasta el cinco por ciento, lo que ocasionó una recia competencia local.
“Íbamos de una caja a otra, confiando en la que diera mejores rendimientos, pero de pronto, sin mayor explicación, ambas se quedaron sin flujo de efectivo”.
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Por parte de las empresas no se ha dado una explicación técnica que convenza a los ahorradores. Se especula que los dueños gastaron a manos llenas, o que el dinero esté invertido en un esquema a plazo fijo, pero tras dos años de congelar los recursos, sólo hay incertidumbre y desesperanza. También se ha rumorado que, en el caso de San Nicolás de Bari, hubo una intervención de la Secretaría de Hacienda por sospechas de lavado de dinero, pero todo ha quedado en el terreno de los dichos.
Sin aval de la CNBV
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la autoridad que en México regula a cualquier empresa que se dedique a captar recursos de ahorro e inversión. En su portal de Internet, recuerda a los usuarios que antes de que decidan destinar dinero a una institución de este tipo, verifiquen si forma parte del Padrón de Entidades Supervisadas y Autorizadas para Captar. En el caso de las citadas casas de ahorro de San José de Gracia, ninguna aparece en el buscador al que se puede ingresar de forma sencilla, lo que evidencia las irregularidades denunciadas por los pobladores.
La Comisión hace énfasis en que quien realice actividades y prestación de servicios financieros considerados como reservados por las leyes federales financieras, “requieren de la autorización, registro o concesión gubernamental, según corresponda, para poder ofrecer, promover o prestar sus servicios”.
En ese sentido, señala que las empresas ajenas al padrón están impedidas legalmente para realizar actividades reservadas. “Las personas y/o sociedades que vulneren la regulación, se harán acreedoras a las sanciones que las leyes establecen en la materia”.
Sin embargo, nadie en San José de Gracia reparó en ello: “Haz de cuenta que le dimos el dinero a cualquiera, confiando que nos lo iba a resguardar”, acepta Ricardo Vergara.
Denuncias, inmuebles asegurados y peleas callejeras
Luego de una denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado (FGE), la cooperativa San Nicolás de Bari se comprometió a regularizar la situación en un plazo de un mes y medio. Como medida cautelar, la dependencia había asegurado un terreno y un inmueble de sus propietarios, pero fueron devueltos con la condición de cumplir la promesa. Una situación similar ocurrió con la asociación civil, pues también se había ejercido el aseguramiento de una lujosa residencia, que presuntamente pertenece a Flora García Marcelo. Aunque los vecinos han sido prudentes, la situación ha escalado al punto de que en una manifestación de protesta se registró un altercado que llegó a los golpes, sin que pasara a mayores.
María Celina Chávez apenas comienza a narrar su experiencia y se le quiebra la garganta. “Yo ahorré como 10 años en la caja de Flora, lo hice como una previsión para no depender de mis hijos, pero ahora todo salió peor. Ahorré más de 60 mil pesos, y aunque parece que no es mucho, es todo lo que tengo”. A causa de ello, ha tenido dificultades para atender una afección crónica en los ojos, lo mismo que para sus gastos cotidianos. “Ahorita todavía trabajo, pero ese dinero era para retirarme sin tantas angustias. Otras personas incluso han muerto, porque de la noche a la mañana se quedaron sin un peso y las enfermedades no las perdonaron”.
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Por ahora, los habitantes de San José de Gracia esperarán pacientemente a que los administradores de las cajas de ahorro cumplan con su promesa y que las autoridades los ayuden, aunque en una visita del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el pasado 3 de marzo, ni siquiera hubo la oportunidad de acercarse para plantearle la problemática.
