Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Integrantes de la agrupación Hum@nas Asociación Civil denunciaron violencia institucional hacia mujeres indígenas de comunidades del municipio de Chilchota, situación que supuestamente es solapada por el alcalde Eduardo Ixta Álvarez.
En un comunicado, la Asociación recordó que mediante una denuncia interpuesta el pasado 30 de junio, solicitaron al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia su intervención para que el edil y su personal, en especial la abogada del DIF asignada a la comunidad de Zopoco, dejen de ejercer violencia institucional en ese municipio.
Dicho recurso fue admitido y de ella se desprenden medidas cautelares para las defensoras de los derechos de las mujeres en la comunidad de Zopoco, quienes acusan que los agresores y personal del DIF municipal pretende ejercer violencia en su contra.
Las activistas acusan que existe intimidación y coacción en contra de aquellas mujeres que son violentadas, a quienes se obliga a firmar convenios de conciliación para que regresen a sus casas y permanezcan con sus maridos, aun cuando enfrentan múltiples maltratos y agresiones por parte de sus parejas y las familias de éstos.
Además, denunciaron que se emplea la fabricación de falsos delitos como “el abandono de hogar”, para obligar a las mujeres mediante engaños, violencia verbal e institucional a regresar a la casa de la que huyeron por violencia y discriminación, “ante lo que el ayuntamiento es incapaz de generar apoyo, acompañamiento y asesoría, prefiriendo siempre la conciliación”.
Por tal motivo, la Asociación exige al alcalde Ixta Álvarez que deje de defender y asesorar jurídicamente a los hombres agresores que ejercen violencia en contra de las mujeres indígenas.
Te puede interesar: En Michoacán, CEDH exhorta a atender el desplazamiento forzado de personas
Además, que se detenga la práctica de mediar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres indígenas porque es una falta a la responsabilidad que marca la ley. Asimismo, demandan que el alcalde deseche la práctica de conciliación con la que su municipio obliga a las mujeres indígenas víctimas de violencia a permanecer con sus agresores a través de convenios.
Finalmente, exigen al edil que habilite un área especializada bilingüe para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.