Morelia, Mich (OEM-Infomex).- Desde que entró a la Sala 14, a Ernesto R. se lo comían los nervios. Acompañado de un custodio, caminó de prisa a su lugar, siempre con la mirada hacia el suelo. Vestía con sandalias, pantalón café y playera blanca. No estaba del todo listo, pero no quedaba de otra: había que declarar cuál era su relación en el presunto feminicidio de María Guadalupe del Toro.
Imputado por el delito de receptación, a Ernesto se le acusa de haber sido el encargado de asumir la misión de deshacerse de la motocicleta de Maria Guadalupe, que por aquellos días finales de diciembre del 2019, ya se encontraba desaparecida y con la familia temiendo el desenlace fatal.
Antes de decir sus primeras palabras frente al micrófono, los abogados de Martín G., presunto feminicida, intentaron evitarlo argumentando que a Ernesto se le estaba obligando a dar su testimonio, pues ya en una ocasión, ejerciendo su derecho, se había negado a ello.
Nada. El juez Fernando Hernández Hernández no consideró siquiera el alegato jurídico y cedió la palabra al testigo, no sin antes preguntarle si estaba seguro de hablar en audiencia. "No me siento obligado a dar este testimonio", respondió.
Los representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron directos y no dudaron en cuestionar cómo la moto fue a dar a su poder. "Se dio a través de Juan, hermano de Martín; me pidió un favor, que me deshiciera de ella en la calle", explicaba con una voz casi inaudible.
Nervios. Sudor. Jugueteo en las manos. Ernesto no lograba contralar las emociones y comenzó a errar en las fechas. Decía que por el 27 de diciembre del 2020 fue cuando se registraron los hechos, aunque en realidad todo ocurrió en 2019. Contradicciones.
Dedicado a la venta de chatarra, conoció a Juan por este oficio y porque vivía a dos cuadras de su casa. "¿Por qué alguien te daría una moto?", insistían los abogados del Ministerio Público. Surgieron dos versiones adicionales: "Me dijo que la podía utilizar para vender mis chacharas"; "me daba dos mil pesos por llevármela, pero al final sólo me dio 40 pesos de la gasolina".
A Ernesto no le pareció extraño que su vecino le regalara una motocicleta. Bajo el argumento de que los ricos suelen deshacerse de objetos valiosos, se dijo acostumbrado a este tipo de situaciones. Lo primero que hizo al tener las llaves fue pasear por el centro de la ciudad, pero esos rondines se convertirían en un error al poco tiempo.
"Me detuvieron, me pidieron los documentos, no los presenté y me hicieron saber que era de una persona que se encontraba desaparecida... Juan no me había dicho de esto".
Ernesto no sabe leer ni escribir. Más adelante, cuando se encontraba en la FGE, le actualizaron la información para notificarle que la desaparición de Guadalupe se había convertido en un homicidio.
"Señor Ernesto, ¿le dieron a firmar algún documento?", cuestionó el abogado. Para ese momento, el testigo ya reflejaba las ansias, el deseo de que esto acabara. Dudó, la pensó y finalmente lo negó. Pero el as bajo la manga estaba listo: los abogados mostraron las hojas que contenían las huellas del imputado.
Después de salir libre, Ernesto aseguró que hubo una llamada a su casa. Relató que se trataba de Juan, quien amenazó directamente a su esposa. "Si hablan, atentaré contra la integridad de tu familia". La intimidación originó que huyeran hacia Colima.
Transcurrieron más de dos horas de audiencia y Ernesto se recostaba sobre su silla, tratando de concentrar la mirada hacia el frente. Todavía restaban las preguntas de la defensa de Martín G. -¿Quién le contrató el abogado que tiene a un lado?-... -Una licenciada güera de la fiscalía, no la recuerdo bien-.
Antes de cerrar con el testimonio, el Ministerio Público reiteró un cuestionamiento inicial. "¿Señor, lo obligaron a hablar?". Cansado, fastidiado y presionado, insiste en que no lo obligaron a decir nada. No más preguntas. Ernesto se puede marchar, pero antes hace una solitaria petición al juez: "Pido protección para mi familia".