Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El Protocolo para la transición de comunidades indígenas al autogobierno fue elaborado “de manera unilateral y bajo el esquema del paternalismo”, observó Pável Uliánov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), al afirmar que al organismo que representa no se le tomó en cuenta, “mucho menos a las comunidades indígenas”.
En entrevista, aseguró que la experiencia y los procesos de la autonomía de las comunidades no está plasmada en el documento presentado el pasado martes en Palacio de Gobierno, el cual se anunció como una guía para ayuntamientos y autogobiernos. “Tampoco se contempla la historia ni los procesos autónomos que desde 2004 se llevan a cabo con el Consejo de Nurío y posteriormente con el Urapicho y Pomocuarán”, remarcó.
Afirmó que dicho protocolo sólo sirve para trámites administrativos y burocráticos “planificados desde un escritorio y al que sólo se le implementaron políticas paternalistas que provocan simulaciones por parte de los alcaldes, quienes se niegan a entregar el recurso directo pese a utilizar un discurso doloso al decir que están a favor del autogobierno”.
Guzmán lamentó que se deje de lado lo que considera más importante de la autonomía indígena: la organización y el núcleo de su permanencia. “No vimos que se consultara o se invitara siquiera a las comunidades. No hubo presencia de autoridades originarias, mucho menos se tomó en cuenta su opinión”.
Con este tipo de acciones, asegura que se pierde de vista que la entrega de recursos es un problema del estado, el cual quiere redimir a las comunidades, pero al mismo tiempo destinan 22 millones de pesos a la Comisión para la Atención de Pueblos Indígenas, la que a su vez otorga alrededor de 17 millones al gasto corriente. “Con lo poco que queda busca implementar acciones que no permean en la mejora de los asentamientos originarios”.
Acusan firmas apócrifas en Erongarícuaro
Por otro lado, Ullianov Guzmán tachó como “desesperadas” las acciones del alcalde de Erongarícuaro, Juan Calderón Castillejo, quien interpuso una demanda por supuestas firmas apócrifas en el proceso de autonomía de la comunidad de Jarácuaro.
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El alcalde impugnó dos artículos de la Ley Orgánica Municipal emitida el 31 de marzo de 2021 para no entregar el presupuesto correspondiente, lo que podría invalidar el autogobierno que ya está en curso.
“Los argumentos que dice tener están infundados”, arremetió Guzmán, pues los tribunales electorales ya les dieron un revés a sus demandas. No obstante, el vocero se dijo preocupado por la controversia constitucional que presentó Calderón Castillejo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que podría tardar dos o tres años en dar una sentencia, lo que afectará a otros procesos de autogobierno.
Juan Calderón Castillejo solicitó las controversias a los artículos 117 y 118 de la Ley Orgánica, argumentando que van en contra de la Constitución y por ende del ejercicio de los gobiernos municipales.
Además, presentó diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado porque el acta de Cabildo que reconoce la consulta en Jarácuaro tiene firmas falsas y se emitió tres días después de concluida la administración del priista Adrián Melgoza Novoa, “pues son los extrabajadores de la alcaldía los que impulsan el autogobierno del que quieren servirse, luego de demandar a la Presidencia a la que sirvieron”, aseguró a su vez el actual alcalde.
En entrevista, dijo no compartir la visión que tiene el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla frente a lo que las comunidades pretenden para sí mismas.
“Los conflictos de interés entre quienes elaboran el documento, las cuestiones políticas y la falta de atención a los conflictos que se generan por el autogobierno en las comunidades parece no importarle al gobierno, pues pese a pedir el resguardo de la población que está actualmente contrapunteada por el tema, el mandatario nunca ha mandado a nadie”, afirmó.
