MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- La diputada y presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Congreso local, Adriana Hernández Íñiguez, informó ayer lunes que José Luis López Salgado, exauditor superior de Michoacán, quedaría debidamente notificado sobre el procedimiento de juicio político en su contra, aprobado el pasado jueves por el Pleno de la LXXIV Legislatura.
En entrevista explicó que, a partir de su notificación, el procedimiento legal establece que López Salgado contará con siete días para dar una respuesta al Congreso o incluso inconformarse al respecto, y posteriormente la comisión a su cargo tendrá un periodo de 30 días para revisar la información aportada tanto por la parte acusadora, es decir, los integrantes del Cemide, así como por el mismo exauditor.
Una vez que ello suceda, la Comisión Jurisdiccional tendrá que revisar y analizar la información recabada, a fin de proceder a la elaboración de un dictamen en el que, de encontrarse los elementos, vendría establecido el tipo de sanción que pudiera recaer en una inhabilitación; no obstante aclaró: “Es importante comentarlo porque muchas personas esperan que de aquí pueda salir una sanción incluso penal, nosotros no tenemos esa facultad. Si alguien tiene pruebas, como luego se hacen comentarios públicos de que si ha incurrido en tal o cual cosa, el procedimiento es otro (...) lo único que valoraremos aquí es la inhabilitación que esa es la parte que procede, puede ser inhabilitación de uno o dos años o ninguna inhabilitación”.
Aunque la legisladora priísta pidió no adelantar vísperas respecto de los tiempos, toda vez que previo a la dictaminación del juicio político, tanto las partes acusada como acusadora pudieran ampararse, lo cual, retrasaría el procedimiento por meses o incluso años.
En ese tenor y al haber sido publicada en el Periódico Oficial del Estado -desde ayer lunes y hasta el próximo miércoles- la convocatoria para las y los interesados en en ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), López Salgado estaría imposibilitado de participar en la misma, ya que al día de hoy es funcionario público al desempeñarse como titular del Registro Público Catastral, cuyo cargo pudo haberse dado en secrecía, ya que no hay información pública oficial al respecto.
Es de mencionar que la solicitud de juicio político en contra de José Luis López Salgado se debe a su presunta omisión en el destino de más de 400 millones de pesos, mismos que provenían de un crédito bancario adquirido en el año 2013 por la entonces administración estatal.
