Morelia, Michoacán.- Los casos de corrupción en Michoacán son poco denunciados, aunque a diferencia del 2021 y 2022 la cifra de denuncias presentadas ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAC) registró un aumento significativo pasando de 52 a 102 denuncias documentadas en lo que va de este año.
De las 102 denuncias por presuntos actos corrupción, el 59 por ciento se presentó mediante la plataforma digital del portal del SEAC porque prevalece también el temor en la sociedad de recibir algún tipo de represalias.
Entre los principales motivos que desaniman a la gente a denunciar, reconoce el presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Víctor Hugo Vieyra Avilés, “es que la misma ciudadanía no sabe a dónde acudir para presentar una querella y muchos aún desconocen la existencia de este órgano colegiado”.
El también académico de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) argumenta que la baja participación de ciudadanos del estado para denunciar actos de corrupción al interior de la administración pública o de alguna empresa, es el tiempo, modo y lugar de la propia denuncia porque el denunciante tiene que detallar dónde ocurrió el hecho y cómo fue, lo que -dice- origina una apatía o desánimo para denunciar de manera formal.
De enero a noviembre de este año, el Comité Anticorrupción, que deriva del SEAC recibió un total de 102 denuncias, de esa cifra el 59 por ciento fueron presentadas en la plataforma digital del organismo y el 40 por ciento se hicieron de forma física.
En 2021 y 2022, recordó el funcionario, se recibieron cerca de 52 querellas, que en comparación con este año se vieron duplicadas en número.
Y ello lo atribuye, paradójicamente, a que “hay un poco más de conciencia por parte de la gente para denunciar este tipo de delitos que muchas veces son complejos, porque la gente puede perder sus fuentes de empleo”.
El principal delito denunciado ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción es la omisión de funciones con 32 casos que se centran en la negativa o retraso que tiene o hace un funcionario para realizar un acto o tareas relativas a su cargo y puesto.
En segundo lugar las denuncias se refieren a abuso de funciones y de poder, igualmente de funcionarios públicos, por lo que hay registradas ante la SEAC 31 denuncias.
Sin embargo las más graves se centran en menor medida por presuntos actos de cohecho y contratación indebida, que se ve reflejada en la presentación de 10 denuncias y siete denuncias, respectivamente.
Y finalmente hay denuncias por el delito de peculado y tráfico de influencias con un total de tres denuncias por cada hecho.
También hay dos denuncias ante el SIAC por delitos como encubrimiento y obstrucción a la justicia; conflicto de intereses; uso indebido de recursos públicos y desvío de recursos y abuso de autoridad.
En el caso de los delitos con una sola denuncia, resalta, la omisión para denunciar a su vez, faltas administrativas; nepotismo; recibir recurso público sin tener derecho; enriquecimiento oculto y desvío de recursos públicos.
Uno de los principales problemas que se encuentran en Michoacán en este tema, por el cual no se logra avanzar en el combate a la corrupción, dijo el presidente del SIAC, “es que de las 106 contralorías de los ayuntamientos michoacanos que dieron respuesta al Informe del Comité Coordinador, sólo 49 respondieron que tienen su estructura completa”.
De los 113 municipios, se contabilizó que en 57 de los órganos de control interno no existen como tal ya sea porque de plano no existen o ya sea porque están “conformados” por una sola persona.
En ocasiones es decir existe solo el titular del comité, o es solo el titular del comité anticorrupción más otra persona, que no cumplen con el mínimo de miembros necesaria de para considerarse completa la estructura de un comité anticorrupción.
Debido a la resistencia u omisión de las autoridades municipales para instalar órganos de control que analicen, canalicen y sancionen los actos de corrupción cometidos en las administraciones, “esto permite que se cometan más delitos y con ello, se genere un atraso importante para acabar con un lastre (la corrupción) que perjudica a la sociedad en todo su conjunto”.
En entrevista con este medio, Vieyra Avilés consideró que parte de la resistencia de los gobiernos para avanzar en la materia de anticorrupción “es la falta de conciencia de los servidores públicos que se contratan para estar al frente de las instituciones públicas, la carencia o desinterés en las capacitaciones de este tema y la manera de cómo se conducen”.
“Desde siempre se ha comentado sobre la importancia de ser transparentes, de rendir cuentas y de que son administradores de los presupuestos, no dueños ni ejecutores de los mismos”. afirma.
Desde su perspectiva, las redes de corrupción que se tejen en las entidades o en los municipios “se debe en parte también a que no hay una verdadera vocación de servicio y pareciera que llegar a una función o un cargo con poder, es sinónimo o fin para cometer delitos; esa mentalidad debe cambiar desde la educación básica para que haya un verdadero avance, sobre todo en las generaciones por venir”.
El mal de la corrupción no es sólo privativo de un país como el nuestro.
Más del 75 por ciento de los países a nivel mundial se encuentran en calidad reprobatoria, ya que tres cuartas partes de los países en el mundo están actualmente reprobados y América Latina como continente se encuentra entre las regiones con las más bajas calificaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
“El problema es que es un tema mundial por eso es tan complicado, porque hay redes de corrupción inmensas que se han quedado por mucho tiempo; considero que se debe combatir a través de conciencia ciudadana y la educación”, indicó.
Por su parte, la Comisionada del Instituto Michoacano de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), Ruth Noemí Espinosa Pérez, expuso que para acabar con la corrupción o disminuirla los ciudadanos deben ser quienes exijan a los funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno y a los representantes populares la rendición de cuentas.
“Cuando se involucra la ciudadanía en la exigencia de que los funcionarios rindan cuentas y sean transparentes en cada peso que se ejerce en el servicio público, es cuando se avanza en acabar con toda esta corrupción que aún está muy encriptada”, subrayó.
Para la recién nombrada Comisionada del IMAIP en Michoacán, el desconocimiento de la gente de que cuentan con el derecho al acceso a la información es lo que también ayuda a que muchos funcionarios públicos sigan cometiendo este tipo de delitos relacionados a actos de corrupción, porque no hay nadie que les cuestione cómo están utilizando los recursos o el mismo cargo público.
Espinosa Pérez resaltó que anteriormente los funcionarios de cualquier cargo se sentían con el derecho de no ser cuestionado o que ni siquiera se le hiciera una pregunta en torno a cómo está trabajando en favor de los ciudadanos.
En 1982 el abogado y escritor, Ignacio Burgoa fue el primer mexicano en solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por la vía legal el ejercicio de la deuda pública, misma que se le fue negada por la misma dependencia, al justificar que el derecho a la información estaba conferido a las comunidades y que una sola persona no podía exigir la publicación de los datos.
Fue hasta 1985 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó la resolución primera de no otorgarle la información que había solicitado, ya que indicó que con la reforma al artículo sexto no se pretendía extender la garantía para cualquier persona, y si bien el abogado no recibió un fallo a favor, generó un precedente en materia de transparencia en el país.
¿Cómo se mide la corrupción?
¿Qué tan corruptos son los países del mundo? Esta es la pregunta que intenta responder el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado cada año por la organización Transparencia Internacional (TI). Este índice evalúa el nivel de corrupción en el sector público de 180 países, utilizando una escala de 0 a 100, donde 0 indica alta corrupción y 100 integridad total.
El Índice de Percepción de la Corrupción es uno de los indicadores que ayudan a conocer qué país, estado o municipio es más corrupto que los otros. Sin embargo, el IPC no es el único indicador que existe para medir este fenómeno, pero es uno de los más comunes. Otros indicadores son el Índice de Transparencia Presupuestaria, el Índice de Integridad Electoral.
El Índice de Estado de Derecho, utilizado por la organización internacional World Justice Project (WJP), entre otros, también es un parámetro.
El IPC se basa en 13 fuentes de información, incluyendo organismos internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y Freedom House. Evalúa aspectos como transparencia en el presupuesto público, independencia judicial, rendición de cuentas de funcionarios y protección de derechos civiles.
Por lo que respecta al Índice de Estado de Derecho, aplicado por el WJP, se fundamenta en ocho dimensiones clave, que incluyen la limitación del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal. Todos estos indicadores generan una visión clara para conocer si un país, estado o municipio tiene mayor nivel o menor de corrupción.
Por otro lado, el Índice de Transparencia Presupuestaria evalúa la apertura y claridad en la gestión de fondos públicos, abordando la transparencia en el presupuesto gubernamental. Al mismo tiempo, el Índice de Integridad Electoral examina la imparcialidad y eficacia de los procesos electorales, asegurando la integridad y confianza en el sistema electoral de un país así asegurando la transparencia del sistema de gobierno que posee cada país, estado o municipio.
Según el informe de TI del año 2022, Somalia es el país más corrupto del mundo, con una puntuación de 12 en el IPC, seguido por Siria con 13.
En contraste, Dinamarca y Finlandia son los países más íntegros, con 90 y 87 puntos respectivamente.
En lo que respecta a México, se encuentra en la posición 126, de los 180 países con una puntuación de 31. A pesar que México ha mejorado este año en su Percepción de Corrupción, también los demás países mejoran su posición en el ranking internacional de corrupción.
Por otro lado, de acuerdo al Índice de Estado de Derecho 2022-2023 elaborado por el WJP, menciona que ningún estado posee una calificación perfecta, el índice más bajo se lo lleva Quintana Roo con 0.36 puntos, indicando mayor corrupción.
Le siguen Ciudad de México y Guerrero en el ranking de estados con menor índice de Estado de Derecho, es decir, mayor corrupción. El que posee mayor puntuación y menos corrupción es Querétaro con 0.49 puntos, seguido de Guanajuato. El estado de Aguascalientes tiene uno de los índices más elevados en corrupción.
Michoacán por su lado ocupa el lugar número 28 en la tabla de peores índices de corrupción de los 32 estados de la República, y su puntuación se ubica con 0.36 puntos.
