El nombre del protagonista ha sido modificado por petición de él mismo
Morelia, Mich (OEM-INFOMEX).- Javier prácticamente se perdió la infancia de sus dos hijos. Entre demandas, juicios y hasta la cárcel, el tiempo para estar con ellos se vio limitado, al grado que tuvo que esperar a que cumplieran la mayoría de edad para poder tener un acercamiento más libre y sin restricciones.
Producto de su primer matrimonio, tuvo un hijo al que, por autorización previa de la ley, veía los fines de semana. Todo transcurría medianamente normal, hasta que comenzó a rehacer su vida con una nueva pareja, cosa que le trajo problemas para la convivencia.
“A la mamá no le gustó esto y de repente los fines de semana siempre ocurría algo que me impedía ver a mi hijo, ya sea que salieran de viaje, situaciones inesperadas o simplemente negármelo. Mi entorno me sugería que fuera con policías para hacer valer mi derecho de convivencia, pero a mí me parecía una barbaridad porque pensaba en el trauma que se le podía generar al niño”.
Tras un proceso de demandas en el que se argumentaba que la pensión alimenticia que otorgaba no era la suficiente y luego de juicios desgastantes, parecía que la calma llegaba de nuevo. Javier logró tener esa convivencia de fines de semana, hasta que tuvo otro hijo con su nueva pareja, lo que desembocó en un conflicto.
Al respecto, Abraham Guerrero Aguilar, quien tiene diez años de experiencia como abogado en materia familiar, expone que hay dos aspectos que son el común denominador por el que una de las partes se ve afectada para poder convivir con sus hijos: el rechazo de la expareja a que el otro rehaga su vida y utilizar el dinero como condicionante para restringir el acercamiento con los menores.
“De cinco casos que me llegan en materia de lo familiar, tres van tendientes a la problemática de que no les permiten ver a sus hijos, es una disputa común en un divorcio que de repente parece una regla. Con la pandemia se incrementó este tipo de situaciones, no a un grado exponencial, pero inclusive se agregaron cuestiones de violencia intrafamiliar”.
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En la parte económica, para fijar las pensiones alimenticias, precisa que los jueces recurren a establecer un salario mínimo diario en los casos donde no está claro el sueldo que se obtiene; en cambio, cuando la nómina está en regla y transparente, normalmente se le sustrae entre un 15 y 20 por ciento, pero dependerá de cada juzgador.
No obstante, si la madre no está del todo de acuerdo, puede acceder a alguno de los recursos jurídicos como son los amparos, lo que termina demorando el proceso, “se podría pensar que en pandemia todo se retrasó por esta cuestión, pero la realidad es que los tribunales sólo cerraron un par de meses y llevan tiempo trabajando de manera normal, el problema es que este tipo de juicios tienden a ser controvertidos”.
Un día cualquiera, a Javier se le informó que a su primer hijo se lo llevarían a otro estado, por lo que el poder estar con él se complicó todavía más. “Lo comencé a ver cuando venía de vacaciones con su abuela, eran momentos muy esporádicos”.
La situación empeoró cuando a su domicilio llegó una demanda por la vía penal en la que se le exigía que cubriera pensiones caídas que se arrastraban desde años atrás en una empresa en la que trabajó y ya no existía.
El juez dio la razón a la demandante y Javier fue a parar al Cereso de Mil Cumbres por un periodo de treinta y tres días. Para poder salir, tuvo que pagar una fianza de 500 mil pesos, dinero que consiguió a través de avalúos de propiedades de sus familiares, pero el proceso siguió su curso entre amparos y demás recursos legales, tiempo en el que no podía acercarse al menor.
Con su segundo hijo las cosas tampoco salieron bien, pues luego de separarse de la mamá, ésta decidió emigrar a Tijuana; sin embargo, tras casarse, prácticamente desapareció sin dar señales, por lo que el padre no tenía idea de dónde podía encontrarlos.
Fue hasta hace algunos años, cuando en una casualidad de la vida, encontró a su expareja por las calles de Morelia y ahí le solicitó el poder retomar contacto y convivencia con su hijo, misma que hasta la fecha mantiene vigente.
“Por fortuna la historia me dio la razón, ahora hablo casi a diario con mis hijos, nos vemos y la pasamos bien. Aquí lo cuestionable es que las leyes le hacen bien a todo mundo menos a los niños, éstos se vuelven un artículo que está a disposición o disputa de los padres y de lo que dicta un juez desde el punto más alejado y frío, pues en mi caso nunca vi una investigación fidedigna para conocer la situación, cuál era el comportamiento de nosotros y sobre todo cómo se conectaba el niño, todo era muy superficial”.
Para el abogado Abraham Guerrero Aguilar, hoy en día en un trámite de índole familiar los jueces se han dado a la tarea de procurar que ambas partes comiencen el proceso en igualdad de circunstancias, ya que si no se hace así, se toma como una cuestión discriminatoria.
“Si nos remontamos años atrás, en efecto era una cuestión muy marcada que se favorecía a las mamás en un divorcio, pero las leyes, los decretos y tratados internacionales con los que México forma parte, se han manifestado en este tipo de temas para generar igualdad y que lo que importe sea demostrar a quién le favorece mejor el Derecho sin considerar la condición de género”.
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De acuerdo con la información otorgada por el Poder Judicial del Estado de Michoacán, el año pasado ingresaron un total de 21 mil 345 casos en los cuatro juzgados especializados en materia familiar (Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro), siendo los de este último municipio los que mayor registro tienen con 11 mil 080 casos, seguido de la capital michoacana con 6 mil 744.
Asimismo, se concluyeron 18 mil 020 casos; pero llama la atención, que la vía de mediación es baja, pues de los 5 mil 296 concluidos en Morelia, solamente 662 fueron por convenio, situación que se replica prácticamente de manera similar con sus homólogos de Uruapan, Zamora y Zitácuaro, donde el acuerdo entre ambas partes sigue siendo la última de las opciones.
