Morelia, Michoacán. (OEM-Infomex). Familiares de Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes Gasca, desaparecidos hace seis meses en los límites de Michoacán y Colima, exigen que se investigue la presunta participación de funcionarios vinculados con la empresa minera Ternium, pues ambos activistas representaban a un grupo de comuneros que estaban en conflicto con la empresa.
A medio año del plagio ocurrido en Cerro de Ortega, Colima, no hay pistas sobre el paradero de los ambientalistas, pues la única aparición posterior al hecho fue un breve video donde Díaz Valencia hace declaraciones bajo el sometimiento de personajes desconocidos.
En un comunicado conjunto, las familias enumeraron las presiones internacionales realizadas en este lapso, donde se han manifestado organizaciones como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y varios relatores de la ONU, entre ellos el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos.
Destacan que el pasado 25 de mayo se realizó una mesa de alto nivel encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, además de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) del CED y de la CIDH, pero pese a todos los esfuerzos no hay nada sobre el paradero de Díaz y Lagunes.
Ante ese escenario, se exige que la CNB presente un plan integral de búsqueda con un análisis de contexto y líneas claras de búsqueda y localización conforme lo ordena el Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, pues hasta el momento han incumplido con esa obligación.
También piden que la Comisión suministre información de forma confidencial a las familias sobre gestiones, obstáculos, resultados y próximos pasos en relación con la búsqueda humanitaria.
Por otra parte, requieren de forma inmediata un informe escrito pormenorizado sobre los restos hallados en abril en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, indicando si algunos de estos coinciden con los defensores desaparecidos y descartando los resultados negativos.
Por la desaparición de los activistas hay dos hombres detenidos por la FGR, pero el proceso penal se encuentra en trámite y a la espera de juicio.
Como ya lo habían externado en otras ocasiones, se muestran contrariados por cómo ha llevado el caso la Fiscalía de Colima, a quien le atribuyen obstaculizar información fundamental para localizar a los defensores del medio ambiente.
Además de los familiares, el comunicado es firmado por las organizaciones Asesoría y Defensa Legal del Sureste; Idheas, Litigio estratégico en derechos humanos A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Humanos para Todos y Todas”.