Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El diagnóstico sobre el desplazamiento forzado que enfrentan familias michoacanas se ha visto limitado por la desconfianza en las autoridades y el miedo que los núcleos han venido enfrentado desde sus lugares de origen, reconoció la Secretaría del Migrante (Semigrante) en la entidad, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez.

En entrevista, luego de presentar el libro Superando Tiempos Difíciles, Cuentos y Relatos sobre Migración y Derechos Humanos, en el Congreso del Estado, Fraga Gutiérrez adelantó que en Tijuana, donde se tienen ubicados a por lo menos cuatro mil michoacanos desplazados, se han podido realizar solo 624 encuestas en 20 de los 35 albergues que se localizan en la ciudad fronteriza.

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Solo el diez por ciento de los encuestados ha manifestado querer regresar, lo que representa solo a 15 familias, pero no todos quieren un retorno a Michoacán, o a sus comunidades, sino contar un lugar seguro.

El diagnóstico dijo, servirá para conocer con certeza, el motivo del desplazamiento, las condiciones de vida de los desplazados y si desean el acompañamiento para un retorno sano y con seguridad.

“Este es un diagnóstico preliminar para detectar a las familias que se encuentran en vulnerabilidad, es decir, el desplazamiento forzado es resultado de la pobreza, del crimen organizado y de la falta de oportunidades”.

Existe, sostuvo, una omisión y abandono histórico respecto de los desplazados, por lo que buscarán ganarse su confianza, al ser ésta, el freno principal para que le otorguen a la Semigrante, todos los datos que ostenta el diagnóstico.

Hay albergues que no han permitido el acceso a los funcionarios bajo el argumento de salvaguardar los datos y la identidad de los desplazados, indicó, insistiendo en la importancia de tener la confianza de las familias, lo que a su vez permitirá tener el número exacto de paisanos confinados en los albergues.

Fraga Gutiérrez aseguró que no se forzará ninguna comunicación, ni las reglas de los albergues para obtener la información que busca, incluso contó, hubo familias, en cinco de los 20 albergues visitados, que manifestaron no querer ser entrevistados por salvaguardar su integridad física.

La confianza, reiteró, es el principal obstáculo pues hay gente que tiene hasta dos años y medio viviendo en los albergues por causa del desplazamiento.

“Hay gente que manifiesta no querer regresar jamás, hay otros que quieren regresar pero a un estado cercano, y hay otros que desean regresar pero no a su comunidad”, variables que se tomarán en cuenta para enfrentar el fenómeno desde diversas vertientes, pues actualmente no hay ninguna ley para el desplazamiento forzado y la discusión al respecto a nivel federal, está parada en el Senado de la República, mencionó.

El reto es presentar un programa que permita un retorno seguro y voluntario, que incluya el derecho a la no repetición de las acciones, es decir, que no se repitan las amenazas o los asesinatos de familiares si es el caso. El retorno debe ser con el compromiso de que no volverán a vivir lo que enfrentaron.

El próximo 28 de abril se realizará en Tijuana una reunión con las familias, destacó, donde el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla visitará los albergues.