MORELIA, Mich.-(OEM-Infomex).- Frente a la carencia de más de siete mil policías estatales que registra Michoacán actualmente, la entidad también presenta otro preocupante fenómeno por el número de bajas registradas desde el año 2015 a 2019, el cual asciende a los mil 982 elementos de seguridad, muchos de ellos quienes, derivado de su expulsión de las filas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se enfrentan a una arraigada indefensión al no contar con justicia laboral, ni mucho menos administrativa, exponiéndose a situaciones de desempleo e incluso de suicidio.
En un estado como Michoacán, en el que la seguridad ha sido la principal demanda de la ciudadanía, quien ha sido víctima directa e indirecta a consecuencia de la debilidad institucional y la presencia de criminales organizados y desorganizados, se suma el riesgo de que los policías encargados de protegerlos se vean obligados a paralizar sus labores, principalmente por la falta de pagos, pero de fondo evidencia una serie de fallas estructurales jurídicas, administrativas y en materia de derechos humanos.
Partiendo de los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), a través de una solicitud de información con número de folio 00608219, hasta este 2019 la corporación denominada “Policía Michoacán” cuenta únicamente con cuatro mil 500 policías y 500 más que se encuentran en proceso de integración de sus filas, número que aún es insuficiente para cumplir los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que son alrededor de siete mil agentes más los que requiere la Policía estatal para completar su estado de fuerza.
En los últimos cuatro años mil 982 efectivos de seguridad han sido dados de baja por actos de distinta índole. Detallándose, conforme a la información obtenida, de la siguiente manera: mil 378 por renuncia presuntamente voluntaria; 518 por la conclusión del interinato; 63 por pensión o jubilación; 19 por la expedición de un dictamen de invalidez definitivo; y únicamente cuatro agentes de la Policía Michoacán cesados de su función por una resolución de carácter administrativa.
Aunado a que, del año 2013 a 2019, han fallecido durante su labor 64 oficiales del estado; 16 en 2017, el año con más muertes; seguido de 2014 con 15; 12 más en 2018; ocho en 2015, seis en 2016, cuatro en lo que va de 2019 y tres en 2013, son los policías ultimados.
Información que además de revelar un estado de fuerza debilitado, también evidencia el desinterés de los ciudadanos por sumarse a las filas de la Policía Michoacán, pese a los discursos institucionales emitidos por el mismo titular del Ejecutivo local, Silvano Aureoles Conejo, sobre la dignificación de la función policial a través de salarios más altos y garantizados, contar con armamento, uniformes, patrullas, vehículos e instalaciones en buenas condiciones, para obtener resultados óptimos en su desempeño.
Cuestionado sobre el pormenor, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, justificó que la dependencia recientemente a su cargo se ha preparado para hacer un arduo proceso de reclutamiento y selección del personal, a través de una Dirección de Desarrollo Policial, misma que permite contabilizar el número de personas reclutadas y que han causado baja, argumentando el cumplimiento de una ley -la cual no especificó- que obliga a los elementos a cumplir requisitos de ingreso y de permanencia.
“Los de permanencia que no aprueban los exámenes de control de confianza o por alguna otra causa, son dados de baja a través de un procedimiento de ley”, expresó el funcionario para El Sol de Morelia, quien a su vez estimó que bajo esta premisa anualmente se reporta la salida de alrededor de 100 elementos.
De tal forma que en el proceso de reclutamiento y selección se considera que ante la posible baja de 100 elementos, se deben establecer expectativas más altas para el número de nuevos policías que egresarán del Instituto Estatal de Estudios Superiores y Profesionalización Policial (IEESSPP), donde tuvieron que haber acreditado el curso de formación inicial correspondiente.
EN LA INDEFENSIÓN LOS POLICÍAS; CIUDADANOS DE SEGUNDA CATEGORÍA
Sin embargo, expertos sostienen que la baja de algún elemento de seguridad además de la posibilidad de generar un adeudo para el estado ya que puede ser susceptible de nulidad o de impugnación a través de un proceso administrativo, también ocasiona un daño para los elementos pues además de perder la posibilidad de un empleo, quedan consignados ante las áreas de seguridad e incluso para otras posibles vacantes.
“Cuando se le da de baja a los elementos se les boletinó ante la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no obstante ante la plataforma de la Cámara de Comercio de Michoacán y no pueden conseguir trabajo (…) porque todas las empresas agremiadas a esa cámara tienen los datos de las personas que fueron separadas de sus cargos por no ‘ser confiables’, eso está muy mal”, expresó Oscar Lemus De la Torre, abogado y ex policía estatal, quien durante el paso de Alfredo Castillo Cervantes por la entidad fuera separado de sus funciones de seguridad.
Quien expuso además que, de las cerca de mil 200 bajas que se registraron de los años 2013 a 2014, sólo alrededor de 900 elementos presentaron alguna demanda y de estos sólo 600 llegaron a obtener alguna sentencia a través de un juicio administrativo, mismo que, a más de un lustro, puede aún mantener adeudos con los ex policías.
De ahí que Lemus de la Torre, quien desde hace algún tiempo lidera el Comité Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia, expusiera el sesgo legal existente para garantizar los derechos de los policías, tanto municipales como estatales, en la propia Constitución Política Mexicana, toda vez que dentro de los dos apartados del artículo 123 mismos que, respectivamente, refieren a las garantías laborales de personas empleadas por la iniciativa privada y por instancias públicas, no así para los policías, militares e integrantes de la Marina, están apartados de la norma pues se regirán bajo otros preceptos como la Ley General de Seguridad Pública, federal, local e incluso reglamentos.
Es decir que el tema laboral no está regulado para los elementos bajo la Ley Federal del Trabajo, lo cual, los pone en un estado de indefensión al no ser considerados ni ciudadanos comunes, ni tampoco trabajadores del gobierno pese a la tarea noble que desempeñan día a día y los riesgos que esto conlleva. De tal manera que al verse inmersos en una causa de baja o suspensión de sus funciones la única vía es el derecho administrativo.
Teniendo ahí la única y exclusiva competencia el Tribunal de Justicia Administración de Michoacán, cuyo desempeño por parte de los jueces y magistrados, éstos últimos vinculados a partidos políticos y el mismo Ejecutivo estatal cuando deberían ser autónomos e independientes, fuera cuestionado por Lemus de la Torre, partiendo de su experiencia en la defensión de cientos de casos que, según sus estimaciones, de 2014 a la fecha son alrededor de 400 sentencias por bajas de policías que aún no se han ejecutado, pese a las diversas reformas que ha sufrido el Código de Justicia Administrativa para que sea acorten los tiempos para una resolución.
Tenemos ciudadanos de segunda categoría, cualquier trabajador que gana un juicio laboral deben darle opción si quiere la reinstalación o el pago de 12 meses de sueldos caídos. En materia policial no es así, no hay reinstalación. Tenemos gente que ha perdido sus casas, su patrimonio; hay el caso de un suicidado, perdió su trabajo, su casa, su familia, se desestabilizó
Expresó Oscar Lemus, al referir sobre las sentencias que el TJAM no ejecuta y por ende no hay el resarcimiento económico pese a que resulten a favor de los policías dados de baja.
TESTIMONIOS DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA
En ese tenor y al profundizar en la falta de estabilidad laboral de los elementos de la Policía Michoacán, Oscar Lemus de la Torre expuso para El Sol de Morelia y sus lectores, los casos de dos policías estatales quienes atravesaron por un juicio administrativo en contra de la Secretaría de Seguridad Público, cuyas credenciales de los testimonios fueron omitidas para proteger sus datos personales.
Testimonio #1:
Con 23 años de servicio en la Secretaría de Seguridad Pública, el elemento en funciones sufrió una lesión en la columna mientras aseaba a uno de los caninos al servicio de la SSP, mismo que luego de ser trasladado al Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el municipio de Charo, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, obligándolo a solicitar licencia médica para su recuperación.
Situación que luego de un tiempo generó molestia al interior de la Secretaría y en son de castigo fue reubicada su adscripción a Huetamo, misma que al no haber sido motivada por la instancia pública fue producto de una violación en contra del elemento. Caso de que luego de judicializarse, bajo el número de expediente JA0660/2018-II, por orden del juez se les concedió que el policía mantuviera su adscripción en Morelia, y que una vez concluido el procedimiento decretó la nulidad de la orden expedida por la SSP.
Testimonio #2
Otro de los casos de éxito luego de judicializarse ante el TJAM, cuyo número de expediente es JA-0992/2019-II, es el de un elemento que al requerir de manera urgente la intervención quirúrgica por una lesión en la columna decidió regresar a Morelia, desde el municipio de Apatzingán, lo cual habría sido motivo de una sanción para el mismo policía, por lo que luego de impugnarse la forma de proceder en contra de él mismo y negársele la suspensión del acto reclamado a su defensa legal (Óscar Lemus).
Lo anterior, bajo la excusa de “afectar el orden público, porque el derecho humano de acceder a la justicia -del elemento- sesgaría el derecho ciudadano a la seguridad”, por lo que al haberse alegado la no fundamentación del documento por parte del área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue declarado improcedente.
Es así que, a partir de este y decenas de casos más sobre bajas, suspensiones y procedimientos administrativos que siguen pendientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán sobre efectivos de seguridad, y los estudios realizados sobre su situación jurídica por parte de Abraham Alejandro Salazar García, también integrante del Comité Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia, apuntan al grave problema social, jurídico y económico por el que atraviesan los ciudadanos que decidieron sumarse a algún cuerpo de seguridad nacional, estatal y municipal.
“El que quiera darse cuenta cómo está la situación de los policías ahí está la tesis”, expuso Salazar García, al tiempo que cuestionó a las autoridades “el costo que tendrá para el estado no querer aceptar que existe la ley y la justicia para los elementos de seguridad”.
