Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Las empresas privadas y el aparato gubernamental no están haciendo los esfuerzos suficientes por mejorar su manejo de residuos, pese a que existen leyes de regulación al respecto. Así lo reconoció en entrevista el secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, quien agregó que el Estado está facultado para verificar y en su caso sancionar a toda industria que genere más de 10 toneladas de basura al año, es decir, 27 kilos por día.

En esos casos, se está obligado a presentar un programa eficiente de residuos que precise la cantidad de deshechos y cómo se pretenden manejar. En este rubro entran sobre todo los centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles y la agroindustria, pero a la fecha solo 400 compañías tienen ese registro en el estado, un porcentaje mínimo, pues ese número incluso está por debajo de los negocios de comida que hay en Morelia.

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La agroindustria es otro de los sectores que debería estar al día con sus programas de manejo de desperdicios, como las llamadas “guacamoleras” , lo mismo que las empacadoras, pero toda esa tarea, subrayó Méndez López, se le ha dejado a los municipios, mismos que no están preparados para dicha regularización. Las empresas que sí cuentan con un programa al respecto, contratan a una firma especializada que en teoría recicla los desperdicios, pero en la realidad lo único que hacen es tirar todo en los basureros municipales, “y a eso no le podemos llamar un manejo adecuado de residuos”, afirmó el funcionario.

La Ley General de Manejo de Residuos Sólidos en el Estado habla sobre el cobro diferenciado por residuos en los municipios; señala también que la Secretaría del Medio Ambiente tiene la responsabilidad de regular a los grandes generadores de basura y emitir un programa estatal de residuos, pero en los hechos nada de eso se ha puesto en práctica.

El secretario precisó que esa dependencia junto a la Procuraduría Ambiental (Proam) están reuniéndose con los alcaldes para aligerar dichas tareas, subrayando que la responsabilidad es de los particulares. En ese sentido, también han sostenido reuniones con cámaras y grupos empresariales como la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC) para difundir la obligación que tienen por ley, algo de lo que no escapa el propio gobierno, pues como lo reconció Alejandro Méndez, la burocracia es generadora de grandes cantidades de papel que deben ser reciclados.

Finalmente, fijó la necesidad de atraer a empresas recicladoras al estado, como las de PET, cartón, papel o vidrio, lo que además de generar un mejor medio ambiente, atraería empleos para la población.

Saltarse las normas no cuesta nada

Uno de los factores que influye para que ni empresas ni personas adopten la cultura del reciclaje es porque no les cuesta, afirmó el investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Alberto Gómez-Tagle, quien entrevistado sobre el tema señala que la legislación es muy laxa y nadie paga multas porque es más barato producir una botella de PET que reciclar. “Mientras no tengamos los incentivos o la estructura fiscal y legislativa que nos obligue, vamos a seguir quejándonos de lo mismo. Hay empresas refresqueras que explotan millones de litros de agua y los encapsulan en botellitas de un cuarto de litro, cuando lo óptimo sería regresar al modelo del envase retornable”. El integrante del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (Inirena) subraya que en los modelos capitalistas, donde el único fin es la obtención de dinero, si no hay regulaciones efectivas, nadie se hace responsable del medio ambiente, pues la lógica es obtener el mayor beneficio con el menor esfuerzo, y en este caso, las empresas gastarían más si recuperan los envases retornables, los lavan y los reutilizan. Lo que sí hacen, señala Gómez-Tagle, son campañas de “green washing”, es decir, iniciativas como reforestar bosques con una cantidad de árboles que resulta irrisoria si se compara con el daño que generan estas industrias.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señaló que en México sólo el 13 por ciento de los grandes establecimientos cuenta con personal que participa en actividades ecológicas, mientras que el 57 por ciento de las unidades económicas grandes no aplicó medida alguna de protección ambiental; 27.5 por ciento dijo desconocer la obligatoriedad y 15.9 por ciento cumplió, al menos, con una de estas medidas. Además, el 65 por ciento de las empresas grandes envía sus desechos de forma directa a los rellenos sanitarios.