Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Ningún recurso de los que se entrega a las comunidades indígenas a través del presupuesto directo está fiscalizado, reconoció el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Miguel Ángel Aguirre Abellaneda. Asimismo, señaló que no hay una ley que le permita auditar el presupuesto que reciben los concejos y al estar imposibilitado para seguir el rastro financiero del presupuesto directo no hay certeza de que dichos presupuestos estén exentos de sufrir malversaciones o desvíos.
“A ellos no los auditamos porque no están legislados. No tenemos recurso legales y la federación tampoco la tiene. ¿Cómo los sanciono? ¿Cómo les exijo? Son usos y costumbres que no están legislados, el recurso se les entrega y listo”, explicó Aguirre Abellaneda, a la vez que reconoció que para evitar boquetes financieros vía presupuesto directo se debe promover una legislación, y eso es materia del Congreso del estado.
De acuerdo con el propio Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, un promedio de 120 comunidades indígenas recibirán presupuesto directo durante su mandato. El recurso lo reciben de manera proporcional al número de habitantes en cada comunidad que lo solicita, y este puede ir desde uno hasta 10 millones de pesos, como el caso de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.
“Entre los concejos indígenas hay una coordinación con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para señalar en qué se gastan el presupuesto, pero hoy no hay un esquema legal para poder auditarlos, a través de este sistema de gobierno es imposible controlar el posible desvío de recursos económicos”, refirió el auditor de Michoacán.
