Morelia, Michoacán, (OEM-Infomex).- Luego de que el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el Código Penal de Michoacán tiene debilidades para combatir delitos del fuero común, el Poder Ejecutivo del Estado prepara una serie de iniciativas que comenzará a mandar al Congreso local a fin de robustecer dicho código y permita ampliar las capacidades de gobernanza en temas como el autogobierno, políticas de inclusión, además de otras donde se contemple el delito de asociación delictuosa.
En este contexto prepara al menos cuatro iniciativas de ley para fortalecer Código Penal, estas van en materia de policía auxiliar, rondas comunitarias, contra la violencia de género y una más relativa a sancionar los delitos de feminicidio.
En su última aparición pública, el mandatario michoacano refirió que como parte de estrategia de seguridad aplicada en el estado, se prepara este paquete de iniciativas legales con el objetivo de mejorar capacidades jurídicas de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General.
“En Michoacán no tenemos el delito de asociación delictuosa o crimen organizado. Eso es una debilidad legal que tenemos en el Código Penal de Michoacán para delitos del fuero común”, fijó el gobernador tras agregar que con estas modificaciones se tendrán más elementos para combatir de mejor manera a la delincuencia.
Las propuestas de iniciativas de ley se presentarán por separado. No hay fechas aún de cuando comiencen a llegar al Congreso del Estado. Una de las más avanzadas está relacionada con las rondas comunitarias, que han emergido a la par de la entrega de presupuesto directo a las comunidades indígenas, en su autogobierno las comunidades también incluyen rondas comunitarias, que no están certificadas y no cuentan con licencia para portación de arma de fuego.
Hasta hoy las rondas comunitarias están fundamentadas en los usos y costumbres de los pueblos originarios, en una tradición que refieren, data de hace 500 años y su objetivo era proteger a sus comunidades, hoy cobran importancia nuevamente al constituirse como centinelas de las comunidades para combatir la delincuencia. Están sancionadas y vigiladas sólo por el concejo Mayor de cada comunidad a la que pertenecen, pero están fuera de preceptos legales para su actuación o portación de armamento de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
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De allí la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Pública de Michoacán, que de acuerdo a declaraciones del propio Gobernador estatal, los elementos de la Guardia Comunitaria podrán ser dotados de armamento, una vez que se concluya el marco legal, la firma de convenios y la reforma esperada. A pesar de no existir un marco legal las rondas comunitarias ya portan armas para cuidar sus comunidades.
Otra iniciativa que se prepara es en torno al feminicidios, que hoy no se considera el asesinato de mujeres como feminicidio, las sanciones penales se aplican en torno a leyes que catalogan este tipo de asesinatos como homicidios porque existen reticencias frente a este término feminicidio en la cotidiana administración y procuración de la justicia.
La tipificación del feminicidio, además de visibilizar la forma extrema de violencia contra las mujeres, tiene como fin garantizar un seguimiento adecuado y especializado que pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar esta problemática.
En el tema de policías auxiliares también se prepara una iniciativa para poner reglas claras sobre las corporaciones de particulares dedicadas a ofrecer servicios contratados que son responsabilidad del estado, no existe un marco jurídico de cómo prestan su servicio, quienes las integran ni hay una regulación sobre los alcances que tienen, sobre todo al detener in fraganti a una persona, o incluso saber quienes integran estas corporaciones.
Hasta el día de hoy sólo algunas corporaciones privadas tienen permiso de portación de arma, pero no aplica para todas las empresas que ofrecen este servicio. Muchos elementos de corporaciones privadas ofrecen servicios de seguridad a instituciones de gobierno, otros patrullan colonias y negocios de particulares a cambio de una gratificación, pero no están regulados en ninguna ley.
Aunque sin fecha exacta, será a partir del próximo mes cuando las propuestas de iniciativa de ley comiencen a llegar al Congreso del Estado para su análisis, discusión y posible aprobación, con lo que se espera transitar a un estado con mayor orden jurídico en temas del fuero común.