Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Ante un presunto aumento en la incidencia de extorsiones y secuestros virtuales en el estado de Michoacán, la diputada morenista, Máyela del Carmen Salas Sáenz, propuso una iniciativa de reforma a los artículos 224 y 225 del Código Penal para el estado, mediante la cual se dupliquen las penas por el orden de los 12 años a quienes cometan este delito en la entidad.

En sesión ordinaria, la legisladora explicó que debido al avance de las nuevas tecnologías se comete de manera constante el delito de secuestro virtual, cuya definición correcta es extorsión virtual, crimen que se comete en la mayoría de las ocasiones causando la incomunicación de la víctima con sus familiares.

Acorde a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, entre los meses de marzo a diciembre de 2021 se denunciaron 175 casos de extorsión en perjuicio de 267 víctimas, las cuales fueron encontradas sanas y salvas; en total de los delitos denunciados se exigía el pago de 57 millones 600 mil pesos, mientras que las víctimas desembolsaron sólo tres millones 706 mil 451 pesos.

Sin embargo, el tema central que preocupa de la comisión de este crimen son las bajas penas que se les dictan a aquellos que son sorprendidos en la flagrancia del delito, pues manifestó que el Código Penal dicta que se impondrán de cuatro a 12 años de prisión y de 100 a 500 días de multa, mientras que, por medio de un juicio abreviado se puede imponer una pena mínima de dos años y máxima de seis.

Aunado a ello, explicó que en la mayoría de las ocasiones el delito de extorsión virtual, según como está redactado en el Código Penal, no es considerado un crimen pleno o equivalente al delito de extorsión, sino un delito en grado de tentativa más aún porque en la mayoría de las ocasiones el perjuicio patrimonial a la víctima o su familia no se concreta.

La propuesta de reforma del artículo 225 estipula que se este delito cuente con mayores agravantes, cuando se cometa no sólo contra menores de edad y adultos mayores, sino también en contra de una persona con discapacidad, así como que se incremente hasta en dos terceras partes si por cualquier medio de comunicación, además de extorsionar a la víctima se le incomunica de su familia o allegados, amenazando con hacerle algún daño a él mismo o a personas con las cuales tenga afinidad, la última agravante que se propuso es que la pena por dicho delito sea hasta el doble si se comete por personas que se encuentren en centros de reinserción social.

En este sentido, resaltó que derivado de al menos cinco denuncias que le fueron expuestas en el último mes, de manera personal, la Fiscalía General del Estado pudo dar cuenta de que al menos una de las llamadas telefónicas para extorsionar a un ciudadano provenía del interior de un cereso en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Consideró que la autoridad investigadora no se le brinda la atención suficiente a este crimen, mientras que el delito se comete sin distinción de clases sociales en perjuicio, sobre todo de personas de bajos recursos económicos.