A más de tres meses de que se interpuso la acusación y una vez que se validaron los resultados de las pasadas elecciones, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán dictaron sentencia en contra del entonces candidato a la presidencia del Ayuntamiento de Zamora, postulado por el Partido Acción Nacional, por violencia política contra las mujeres por razón de género.
Los magistrados Yurisha Andrade Morales, Alma Rosa Bahena Villalobos y Salvador Alejandro Pérez Contreras también resolvieron en contra del partido referido "por culpa in vigilando, declarando inexistente la infracción consistente en VPMG atribuida al denunciado, inexistente la culpa in vigilando del Partido Acción Nacional", pero existente la violencia política contra las mujeres por razón de género cometida en perjuicio de la denunciante.
También te podría interesar: Morena y PT exigen anular la elección en Zamora
Debido a lo anterior decretó medidas de reparación integral a favor de la denunciante, vinculó a la Secretaría General de Acuerdo y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, para que cumplan con lo precisado en el apartado respectivo, una vez que cause ejecutoria la sentencia e instruyó a la Secretaría General de Acuerdos realizar la versión pública de la misma.
Postura de Teresa Mora Covarrubias
A través de sus redes sociales, la dirigente distrital del Partido del Trabajo, Teresa Mora Covarrubias, condenó la tardía respuesta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el cual falló a su favor en relación a la violencia política que sufrió.
También te podría interesar: Confirma TEPJF triunfo de Carlos Soto como presidente municipal de Zamora
Señaló que el fallo “llegó demasiado tarde y sin la oportunidad de anular la elección municipal en Zamora, aun cuando el porcentaje del 4.3 por ciento permitía la anulación; lo que refleja una falta de compromiso con la justicia y la equidad electoral”.
Mora Covarrubias dijo que esta situación demuestra que en Zamora prevalece la protección e impunidad de los responsables, lo cual genera un entorno de desigualdad y desconfianza en el Poder Judicial.