Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Este 15 de febrero se reanudará el segundo periodo legislativo en el congreso del estado, con un déficit de más de 500 iniciativas sin ser dictaminadas en las distintas comisiones.
El pasado 22 de diciembre, luego de la aprobación del paquete fiscal 2023 los 40 diputados locales dieron por concluido el primer año legislativo, con distintas acusaciones como las irregularidades financieras por la contratación de más de 300 empleados de confianza, un déficit superior a los 18 millones de pesos, plaga de ratas y la falta de construcción de un elevador para las personas con discapacidad, entre otros.
La ausencia de productividad en los diputados de Michoacán para dictaminar iniciativas atoradas en comisiones, que incluso se arrastran desde la pasada legislatura, fue evidenciada en varias ocasiones por la diputada de la representación parlamentaria, Julieta Gallardo Mora y el legislador de Morena, Juan Carlos Barragán, quienes incluso pidieron sean aplicadas sanciones a los congresistas faltistas a las sesiones convocadas.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, los diputados pueden ser sancionados económicamente desde un día de su dieta económica que equivalen a tres mil pesos cuando no asistan a una sesión o abandonen el recinto y no regresen o se ausenten en una votación sin causa justificada, pero también se les descuenta un mes de dieta que oscila a 90 mil pesos cuando falten a tres sesiones consecutivas del pleno, de comisiones o comités sin previo permiso.
Asimismo, la actual legislatura de Michoacán se ha caracterizado por llegar tarde a las sesiones públicas y en periodo de receso no presentarse a atender las más de 500 iniciativas pendientes en las 28 comisiones de dictamen y cinco comités de supervisión y vigilancia.
En entrevista, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Guadalupe Díaz Chagolla reconoció qué hay un rezago importante de iniciativas sin resolver, por ejemplo, la relacionada a la despenalización del aborto, la reforma al Código Penal de Michoacán que modifica la figura de los tipos de feminicidio y eleva las penas contra ese delito enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como la del delito de extorsión con la cual busca el Ejecutivo aumentar la penalidad de 15 a 25 años para ese ilícito.
De acuerdo con la legisladora, la Comisión de Justicia que preside la morenista Anabel Franco Carrizales, es la que presenta mayor número de iniciativas rezagadas sin que sean dictaminadas, como por ejemplo, dar mayores atribuciones a las casas de refugio para mujeres que viven violencia o la modificación a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios, entre otras.
Agregó que en el pasado año legislativo, presentó un total de 12 iniciativas, de las cuales solo se le han dictaminado cuatro, pero por ejemplo el diputado del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo ha presentado 80 iniciativas, aunque ninguna ha sido aprobada ante el pleno.
