MORELIA, Mich. (OEM).- Michoacán presenta un importante rezago en la implementación del Sistema de Justicia Penal, pues con 318 puntos se ubicó en el lugar 20 del Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, incluido en el informe “Hallazgos 2018. Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”.
El mismo informe contiene también un índice de impunidad en el SJP; Michoacán se ubica en el lugar número 13 del país, con un porcentaje de 97.6%, por arriba en un 1.5 del promedio nacional de impunidad que es de 96.1%. Se entiende que a mayor porcentaje se considera que hay mayor impunidad: significa que el sistema no logró ofrecer una respuesta satisfactoria a un mayor número de los casos.
En cuanto a la prisión preventiva, uno de los factores que buscaba reducir este Sistema de Justicia Penal, en Michoacán se utiliza con mucha frecuencia esta “prisión sin condena”, al grado que somos el segundo estado en su recurrencia (59.6% de los juicios orales), sólo detrás del Estado de México (64.2%).
También se registró que en Michoacán es el cuarto lugar nacional en el uso del archivo temporal en la etapa de investigación en las fiscalías, con un porcentaje de 86.9%, recurso que, de acuerdo con el informe, “podrían estar distorsionando gravemente los índices de eficiencia de las instituciones y obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas”, pues apenas 3.7% de esas investigaciones se reactivan. Seis de cada 10 casos en el país se envían a archivo temporal, es decir, se quedan en el escritorio de algún Ministerio Público.
Michoacán no destacó por su transparencia en el informe, pues no se facilitó información respecto a cuántas vinculaciones a proceso para los casos que llegaron hasta juicio oral hubo durante 2018; tampoco en la Fiscalía General del Estado respondieron a una solicitud de información para conocer cuántos casos atiende cada operador con funciones sustantivas (fiscales, investigadores y peritos).
De acuerdo con el documento, la carga de trabajo de los defensores públicos incide en la posibilidad de brindar una defensa de calidad, lo que en el caso de Michoacán no se tomó en cuenta en el informe puesto que tampoco se facilitó información.
Del informe también se desprende que nuestro estado ha descobijado a las víctimas del delito, pues durante 2018 no hubo recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública para asesores de víctimas.
En tercer lugar nacional se ubicó en el documento a Michoacán respecto a los casos que derivaron en juicio oral, que fueron un 15.9%, sólo detrás de Hidalgo y de Chiapas.
La etapa correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública no queda fuera de las fallas en la implementación del sistema, pues a nivel nacional en 3.1% de los casos los imputados de algún delito fueron puestos en libertad por calificarse de no legal la detención. No se tiene el dato de Michoacán ya que no facilitó información.
Estados reprobados en consolidación del SJP; los que coordina el SESESP, más atrasados
Ningún estado alcanzó el estándar mínimo de 800 puntos en el Ranking Nacional de Avance en la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. Querétaro es el estado en el que menor rezago hay, donde el puntaje fue de 625; en contraparte, Guerrero, con un puntaje de 211, es el estado que mayor atraso tiene. Aun así el puntaje de Querétaro apenas alcanzaría para el mínimo de 2017.
Para la elaboración del ranking se tomaron en cuenta siete ámbitos: el sistema nacional de coordinación técnica; el sistema institucional de coordinación técnica; el proceso de planeación integral, continuo y público; sistemas de registro, procesamiento y reporte de información; proyección adecuada y utilización eficiente de recursos financieros; publicidad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana; así como simetría institucional.
El mismo documento refiere que ya desde ediciones anteriores se ha notado que las entidades más rezagadas son en las que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha estado a cargo de la coordinación institucional, es el caso de Michoacán.
“A pesar de que en estados como Sinaloa, el SESESP ha desarrollado diversas acciones para la consolidación, estados como Guerrero, Morelos y Michoacán reportan que los esfuerzos se han limitado a cumplir con las 10 acciones del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública”.
Señala el informe que una de las principales brechas en el retraso de la implementación del sistema penal acusatorio tiene que ver con la inexistencia de sistemas informáticos que permitan una interconexión interinstitucional, así como sistemas de evaluación y seguimiento.
