MORELIA, Michoacán.-(OEM-Infomex).- Tras la gresca registrada en la cabecera municipal de Nahuatzen el pasado martes y en la que resultaron personas heridas por arma de fuego así como los encontronazos entre elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y comuneros, tanto el Ayuntamiento como integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se reparten culpas y exigen la aplicación del estado de derecho.

El CSIM exigió la destitución de Joel Campos, comandante de la Policía de Nahuatzen, a quien acusan de haber amenazado de muerte presuntamente a integrantes de los concejos de gobierno comunal de Comachuén, Sevina y la cabecera de este municipio, luego de haber sido reprimidos por integrantes de la Guardia Nacional (GN) y policías estatales y municipales, mientras se manifestaban en las instalaciones del Palacio municipal local.

“Intimidaron, insultaron, golpearon, robaron celulares y reprimieron a cientos de manifestantes, realizando incluso múltiples disparos”, refiere un comunicado de prensa, en el que se señala que Roberto J. Lucas Huerta, de 52 años y originario de la comunidad de Nahuatzen, resultó herido por proyectil de arma de fuego.

En su defensa, el gobierno municipal de Nahuatzen responsabilizó las actitudes asumidas por el mismo Consejo Supremo Indígena sigue utilizando a los indígenas como carne de cañón y por ello la confrontación entre los ciudadanos y autoridades municipales, pese a que existen mesas de diálogo para cumplir con las sentencias del Tribunal Electoral local.

La alcaldesa, Mayra Lucía Morales, aseguró que desde el pasado 9 de enero se hizo el depósito de su presupuesto directo a la comunidad de Comachuén; mientras que al Consejo de Sevina, se hara a partir del día 14, recursos que serían destinados a cubrir los servicios públicos municipales.

Si bien los integrantes del CSIM exigieron el esclarecimiento y castigo a los responsables de herir a mujeres, niños y personas de la tercera edad, y por el contrario, el ayuntamiento de Nahuatzen los acusó de linchamiento y herir a dos policías municipales, uno de ellos por arma de fuego, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no existen denuncias presentadas por las partes.

En tanto, el CSIM integrado por 60 pueblos originarios, declaró persona “non grata” a la alcaldesa de extracción perredista, advirtiéndole que no es bienvenida en las comunidades y a quien expulsarán de sus territorios, toda vez que tampoco ha respetado su autonomía y la entrega del presupuesto directo.