Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) Raúl Sapién Santos, pide que el gobierno otorgue certidumbre jurídica a quienes prestan este servicio, dado que actualmente proliferan empresas sin certificación y no hay condiciones parejas para competir en el mercado.
En todo el país, se calcula que son más de 6 mil organizaciones las dedicadas a brindar seguridad a particulares, mientras que en el estado son alrededor de 400. En el primer caso, se infiere que el 60 por ciento no están reguladas, pero la cifra se eleva al 70 por ciento en Michoacán. A eso habrá que añadir que la Policía Auxiliar, a cargo del gobierno del estado, apenas tiene certificados a 77 de sus 1,563 elementos, según cifras de su director Eulogio Sandoval.
En entrevista, Sapién Santos señala que el sector está sobrerregulado, pues a la Ley Federal de Seguridad Privada se le añaden leyes estatales e incluso municipales. “Es un cúmulo normativo que deriva en exceso de requisitos, contradicciones legales y sobre todo un problema de tributación impositiva, que es lo que da pie a empresas irregulares”.
Abunda en que los costos para los exámenes de control y confianza de los policías privados son muy altos, lo mismo que para tramitar permisos y registros. Hay conceptos, afirma el especialista en derecho, donde la empresa tiene que pagar impuestos por triplicado, lo cual desincentiva la competencia y aumenta el pirataje. De ahí que pugne por la elaboración de una Ley General que aplique a todo el territorio nacional.
Este tipo de empresas ofrece servicios de seguridad privada a instituciones financieras, escuelas, casinos, fraccionamientos, eventos masivos, personas particulares y aquellos que requieran vigilancia en el traslado de valores. En todo el país emplean a unas 500 mil personas y su crecimiento se debe en parte a las altas tasas delincuenciales, pues como lo señala el INEGI en su Encuesta de Victimización, el lugar público donde la gente se siente más vulnerable es en los cajeros automáticos.
Su competencia en el mercado de la protección de valores es la Policía Auxiliar, la cual fue “relanzada” el pasado 11 de octubre. Un día antes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que los bancos están obligados a contratarla y espera “que no busquen ampararse, porque ya ven cómo son”. Sin embargo, Eulogio Sandoval lo contradijo, pues aceptó que tienen que competir con la iniciativa privada: “Nosotros no venimos a quitarle el trabajo a nadie, solo a respaldar el tema de seguridad”, dijo en una ceremonia en la zona bancaria de Morelia, donde prometió que tienen hasta marzo de 2023 para certificar al resto de sus integrantes.
No descartan amparos
Raúl Sapién Santos subraya que los empresarios no rehúyen a la obligación de cumplir con los pagos de certificación, pero anota que ante la sobrerregulación y la ola de impuestos es más sencillo crear una empresa al margen de la ley. “Al no estar registradas ni tener imagen corporativa, lo que hacen es colocarse uniformes de staff y nadie los voltea a ver”.
El Estado tiene la obligación de proporcionar servicios de seguridad a los ciudadanos, remarca el presidente del Consejo, pero se debe complementar con la iniciativa privada que atienda las necesidades de instituciones financieras e incluso las agrícolas, como es el caso de las asociaciones de aguacateros en la entidad.
De ahí que la decisión de contratar a la Policía Auxiliar o a guardias privados “es de libre albedrío, nadie te puede coartar tu derecho incluso a ampararte contra una legislación”, dice el abogado en referencia a la reforma al artículo 104 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aprobada el 12 de julio pasado, que en su inciso F señala que “ las personas morales que por el desempeño de su actividad sean susceptibles de riesgo ante actos delincuenciales, tales como empresas, corporativos, instituciones bancarias y financieras, comercios, instituciones públicas y privadas, casinos y empresas de valores, deberán contratar los servicios de elementos de seguridad de la Policía Auxiliar, mediante el pago de contraprestaciones, a efecto de contar con los servicios de custodia, vigilancia, guardia y seguridad”.
Sin embargo, el propio gobierno incumple con lo que dicta esta reforma, pues el mismo inciso señala que “la prestación de servicios se proporcionará mediante la contratación de elementos de la corporación (Policía Auxiliar), mismos que deberán estar debidamente capacitados y certificados en el rubro contratado, recibiendo el pago de una contraprestación, digna y acorde a la prestación del servicio que realizan; quienes además gozarán de los derechos y prestaciones que les sean aplicables dentro de lo establecido en los artículos 123 y 139”.
Abren puerta a delincuencia organizada
Para Raúl Zapién, el hecho de que a nivel nacional se estime en 3 mil 500 las empresas irregulares que ofrecen seguridad privada, hace pensar en que la delincuencia organizada haya penetrado a este sector. “Sería erróneo creer que eso no ocurre, pues hablamos de organizaciones que no están registradas ni rinden cuentas ante nadie, por eso urge un banco de datos, porque también se necesita saber a quién le prestas el servicio, a quién se le asigna un escolta, quién usa un vehículo blindado y quién se compra un chaleco antibalas; ¿cómo saber quiénes trabajan para las organizaciones criminales?”, se pregunta.
Roberto Castañeda Vidrio, secretario de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada en el Estado, precisa en entrevista que solo 109 de las 400 empresas en Michoacán están inscritas en el padrón de la Secretaría de Seguridad Pública, la mayoría concentradas en Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, mientras que del resto de municipios no se tiene ninguna regulación.
Coincide en que la competencia con la Policía Auxiliar debe ser pareja, evitando que el estado intente monopolizar su contratación. “El gobernador no puede aprovecharse de su peso político, por eso es que queremos que se hagan mesas de negociación y todos compitamos por igual”.
La Policía Auxiliar cuenta con 1,563 elementos que ganan entre 6 mil y 8 mil pesos al mes, con las prestaciones de ley que incluyen su acceso a Pensiones del Estado. Su certificación la realiza el Centro de Evaluación de Certificación y Confianza, que también se encarga de agentes privados, quienes obtienen un sueldo promedio de 6,800 pesos, pero muchos de ellos sin ninguna prestación, sobre todo los que son informales. Una de las pretensiones del gobierno estatal es homologar los sueldos con los guardias civiles, cuyo salario es de 10 mil pesos.
Hoy en día, los policías auxiliares están distribuidos en 40 sucursales de Caja Morelia Valladolid, Caja Libertad, Inbursa y Banamex, además de las 162 del Banco del Bienestar, pero la meta oficial es que el año que entra hagan presencia en las 472 sucursales bancarias que hay en los 113 municipios.
Por otra parte, el propio Eulogio Sandoval aceptó que la Policía Auxiliar acompaña el traslado de valores, pero no hay un seguro otorgado por el gobierno en caso de robo. “No está asegurado, ahí tenemos que trabajar con las instituciones bancarias”.
Intentan negociar
Ante el panorama actual, caracterizado por una mayoría de policías auxiliares sin certificación y otra de particulares que no están ni registrados, el pasado jueves 27 de septiembre se instaló la delegación local del CNSP, donde sus representantes pidieron cancha pareja en un acto al que acudieron el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes; el alcalde de Morelia Alfonso Martínez Alcázar y su comisionado de Seguridad, Alejandro González Cussi.
“Necesitamos el apoyo de las autoridades para que a través del diálogo podamos tener las mejores políticas públicas, pues actualmente hay una carga excesiva de normatividad para quienes queremos estar en la formalidad”, les dijo Raúl Sapién Santos.
