MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- Ni la justicia, ni la reparación total del daño ha logrado llegar a las más de 130 víctimas y deudos de las ocho personas fallecidas que dejó uno de los hechos que marcaron la historia y vida pública de Michoacán y el país: los atentados terroristas registrados en Morelia la noche del 15 de septiembre del 2008.
Han pasado 11 años desde aquella noche en que la detonación de dos granadas de fragmentación pintaron de sangre la celebración del Grito de Independencia; una de ellas, allí en medio de los asistentes que presenciaban desde la Plaza Melchor Ocampo la tradicional exclamación “¡Viva México!” y ondeo del lienzo tricolor en voz y manos del entonces gobernador, Leonel Godoy Rangel; y una segunda explosión sobre la avenida Madero, esquina con Quintana Roo, a cinco cuadras de donde se registró el primer estruendo.
A partir de ahí todo cambió para los sobrevivientes. Fuera de cuestiones asistencialistas consolidadas a más de una década a través de apoyos para los afectados directos e indirectos, como el acceso a una vivienda, pensiones y atención médica; la justicia parece estar empantanada para las víctimas del que fuera catalogado, por las mismas autoridades, como un atentado.
Delito que, al ser de índole federal, aún se encuentra en la cancha de la hoy denominada Fiscalía General de la República, pero que antes de obtener su autonomía estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), sin que a la fecha se tengan responsables por tan lamentable hecho, pese a que han transcurrido dos mandatos presidenciales y uno más que se encuentra en curso.
Fue un 25 de septiembre de 2008 cuando se anunció la detención de cuatro personas, supuestamente implicadas en los hechos. Presuntos responsables que, según notas periodísticas, habían sido localizados gracias a una llamada anónima en la que éstos confesaban ser parte del cartel de Los Zetas.
No obstante, los suouestos autores intelectuales dijeron haber asumido la responsabilidad en los hechos luego de ser víctimas de tortura por parte de elementos de la PGR, solicitando un primer amparo que les fue concedido tras siete años de encarcelamiento y que les dio su libertad, en mayo del 2015. Y aunque un juez confirmó la fabricación de culpables y pidió reiniciar el proceso y reaprehender a los señalados, éstos nuevamente se ampararon y aún conservan su libertad.
A partir de ese año no hay un avance en el procesamiento del caso. Incluso a raíz de la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el año 2014, se canalizó a las víctimas para que tuvieran acompañamiento jurídico, sin embargo, a cinco años se ha quedado corta para lograr que las víctimas del 15S accedan a la verdad y a la justicia, pese al gran pendiente y reto que heredaron los gobiernos del ex panista, Felipe Calderón Hinojosa y del priista, Enrique Peña Nieto, al mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, en el marco del décimo primer aniversario de tal acontecimiento, el titular del Ejecutivo en Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, afirmó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR), y a su homóloga en el estado, reabrir la investigación para dar con los responsables de los atentados terroristas, pues lo más triste es que no existan personas en la cárcel por tal delito.
A los que tenían los dejaron salir libres por una mala imputación y carpetas de investigación endebles (…) eso no lo vamos a permitir, porque la impunidad es el principal problema del país
A la fecha, suman en promedio 60 expedientes abiertos por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, mismos que han derivado en atenciones enfocadas principalmente en la incorporación de más personas afectadas al sistema de pensiones que, por decreto, fue creado tan sólo 14 días después de aquél sábado 15 de septiembre del 2008, ello por petición de Godoy Rangel en su calidad de gobernador, de Fidel Calderón Torreblanca y Humberto Suárez López, entonces secretarios de Gobierno y de Finanzas y Administración, respectivamente.
“Lo primero que hicimos fue acercarnos con ellos, fueron muchas sesiones de trabajo, para escucharlos y la principal demanda eran sus pensiones, el tema de la salud y la vivienda; dimos acompañamiento para que tuvieran contacto con la CEAV federal, porque indiscutiblemente es su competencia al ser un delito de terrorismo”, puntualizó Cristina Cortés Carrillo, titular de la CEEAV en Michoacán, al pormenorizar los recientes trabajos tras su llegada a la dependencia en el 2018.
Mismos que, en entrevista exclusiva para El Sol de Morelia, dijo, estuvieron encaminados a ordenar cada uno de los expedientes a fin de revisar los lineamientos y la posibilidad de que pudieran ingresar al decreto, resolviéndose que, a tan sólo unas horas antes de que concluyera la LXXIII Legislatura de Michoacán (13 de septiembre), diputados locales aprobaron seis nuevas pensiones temporales a igual número de víctimas.
Lo anterior debido a que conforme el transcurso de los años han resultado más víctimas, tanto directas como indirectas, por lo que además de los apoyos cotidianos como uniformes y medicamentos controlados, se hizo la petición de incluirlos dentro del esquema de pensiones.
Es decir que además de las compensaciones vitalicias para los deudos de Elisa Guerrero García, Leticia Tapia Guerrero, María del Pilar Navarro Mendoza, Gloria Álvarez Bautista, Alfredo Sánchez Torres, Martha Elena Quintero Brambila, Juan Antonio Ríos Pescador y el niño Ángel Uriel Herrera García, y para las ciudadanas Belén Zavala Rodríguez y Carmen Liliana Rico Urbina, quienes perdieron alguna parte de su cuerpo derivado de la detonación, se sumaron otros seis apoyos, pero temporales.
Los apoyos estarán dirigidos para: María Guadalupe Salinas, quien recibirá seis mil 448 pesos; María Margarita Méndez, nueve mil 672 pesos; Marisela García García, siete mil 254; Mayra Vanessa Bravo Castro, cinco mil 642; Teresa García Márquez, seis mil 448; y Viridiana Aracely Bucio Guzmán; una cantidad similar, todas estas de manera mensual.
Es de mencionar que conforme a información otorgada por la Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno de Michoacán, fueron ocho las peticiones de pensión que se realizaron la semana pasada, pero en el pleno del Congreso sólo se aprobaron las seis mencionadas. Sumando un total de 54 apoyos económicos que son entregados mensualmente a las víctimas de dicho atentado.
Y que a decir de Ismael Sigala Páez se pagan con puntualidad a los beneficiarios, ya que aun con los retos económicos en que se encuentra la entidad, son recursos ya etiquetados dentro del presupuesto de egresos del estado. Aunque no precisó el monto anual destinado refirió que “las personas están recibiendo sus pensiones en tiempo y forma, existe el presupuesto asignado para eso, contamos con la información precisa de cuanto se les ha entregado y lo que percibe cada una de las personas”.
El coordinador de Atención Ciudadana confirmó que además de las 17 viviendas entregadas y ocho más que fueron remodeladas para las víctimas directas e indirectas, han dado especial atención a 40 familias con las que actualmente interactúan, y en las que intervienen, dijo, entre cinco y seis dependencias, con atención permanente en materia de salud, vivienda, empleo, proyectos productivos y atención a víctimas.
