Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Tiendas Soriana S.A. de C.V. perdió la demanda en su contra por irregularidades en contratos de 2012 y 2013 de 211 millones de pesos con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y el DIF Michoacán para dotar de despensas a policías federales, informó el consejero jurídico del gobierno estatal, César Augusto Ocegueda Robledo.
El consejero jurídico recordó que en 2017 Soriana demandó a la dependencia por pago de facturas derivadas de contratos de compraventa, pero en juicios de primera y segunda instancia el juez determinó que la tienda no acreditó haber entregado las despensas.
Indicó que las irregularidades radican en que la compra de despensas o dotación de alimentos a policías federales no le correspondían a Desarrollo Social y Humano ni al DIF estatal.
Agregó que en 2017, los representantes legales del supermercado acudieron a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), para proponerle al entonces titular Carlos Maldonado, que al adeudo le disminuyeran 15 por ciento para que el adeudo quedara en 180 millones de pesos, por el reconocimiento de los 211 millones de pesos y firmar el acuerdo de un pago de 30 millones de pesos, mientras que el resto se liquidaría en pagos trimestrales de 50 millones de pesos para cubrir la deuda.
Añadió que este acuerdo firmado por el exsecretario de Finanzas era irregular porque en ese entonces no tenía las facultades que eran de otras secretarías y esto le dio a Soriana para volver a demandar al gobierno del estado.
Ante esta situación, el consejero jurídico puntualizó que la actual administración presenta un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa por ese reconocimiento de adeudo, el cual se resolvió a favor del gobierno y por el cual Soriana se amparó, pero en una segunda y última instancia se resuelve a no proteger a la empresa contra los actos del estado.
Explicó que la resolución deja sin efecto el reconocimiento del adeuda, declara improcedente la acción de pago y el de intereses legales, así como que se va a promover un recurso legal para lograr la reparación del daño al erario por 30 millones de pesos, porque se afectaron recursos de 2017 para pagar un adeudo de 2012 y 2013.