MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- La 120 iniciativas de reforma electoral presentadas en el Congreso de la Unión desde el primero de septiembre hasta el pasado 30 de abril, y que han sido impulsadas principalmente por legisladores de Movimiento Regeneración Nacional, resultan un tanto sospechosas para el consejero del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, ante el hecho de que el partido en el poder busque imponer una nueva legislación en la materia a través de sus representantes populares.
Al manifestar su total rechazo a algunos de los planteamientos en varias de las reformas, cuya discusión se ha centrado en la desaparición de los organismos públicos electorales locales (Oples) y las juntas distritales, así como la reducción de consejeros nacionales, Delgado Arroyo advirtió que tratar de imponer una legislación en ese sentido puede traer una regresión muy grande respecto de lo que se ha construido en los últimos 30 o 40 años en el país para favorecer las condiciones de equidad en la competencia e imparcialidad en las autoridades electorales.
Recordó que en la historia de México, desde 1977 a la fecha, las reformas electorales han sido impulsadas por partidos políticos perdedores, mismos que en su momento cuestionaron los eslabones de confianza del sistema electoral, y que hoy a través de sus representantes con el triunfo de Morena en los comicios del 2018 ostentan algún cargo público federal.
En entrevista, el funcionario electoral pidió poner especial atención sobre esta reforma, “donde la ciudadanía debe generar un contexto de exigencia hacia sus legisladores”, ya que entre los asuntos que ha identificado con mayor complejidad en las reformas impulsadas por Morena, está la desaparición de los organismos públicos locales electorales.
“Hemos construido un sistema nacional electoral donde hay una alternancia sucesiva, creo hay que tener especial cuidado”, subrayó, al destacar que los oples tienen un papel importante en su contacto directo con la ciudadanía y cuestiones locales, como las consultas a los pueblos originarios, los observatorios electorales, y el registro de candidaturas en cada proceso comicial local, y por ende la organización de las mismas elecciones.