Morelia, Michoacán. (OEM-Infomex). En Michoacán, el delito de feminicidio en grado de tentativa ha sido prácticamente borrado pese a la cantidad de agresiones registradas cada año contra la vida de las mujeres. Para efectos legales, los intentos de asesinato se han clasificado como lesiones calificadas o violencia familiar, lo que se intenta revertir tras la reforma al Código Penal del Estado realizada en septiembre del año pasado.
Otra porción de estos delitos se etiquetan como homicidio en grado de tentativa, sin que se les aplique perspectiva de género. Un caso que ilustra esta situación es el de la doctora Daisy O., quien no pudo ocultar su enojo cuando el juez dictaminó una pena de cinco años de prisión en contra del hombre que intentó matarla al interior de su consultorio en la comunidad de San Lucas Pío, municipio de Queréndaro.
En el proceso legal, los agentes del Ministerio Público y su propio abogado le prometieron que la sanción sería ejemplar, con un mínimo de 15 años en la cárcel más la reparación del daño, pero “todo se tornó muy raro”, explica en entrevista.
La agresión ocurrió el 24 de noviembre de 2021, cuando uno de sus pacientes intentó matarla a navajazos, ocasionándole perforaciones en el pulmón, el hígado, los intestinos, el riñón, la yugular, el abdomen y la carótida, además de varios intentos de asfixia. Como pudo, la doctora se defendió y pudo golpear a su victimario, pero estaba a punto de morir cuando vecinos la ayudaron.
Tras dos semanas hospitalizada, Daisy se enteró que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación como tentativa de homicidio, y que su agresor estaba prófugo. Por fortuna, fue capturado dos meses después en Zinapécuaro, mientras trabajaba en una plaza como bolero de zapatos. Si le hubieran preguntado, dice, habría pedido que el caso fuera clasificado como tentativa de feminicidio, pues el hombre la atacó con saña e intentó agredirla sexualmente: “Si no me hubiera defendido, ahí mismo me viola y me mata”, asegura.
Ni agentes de la FGE ni el juez le dieron una explicación de por qué negar la tentativa de feminicidio, y aquella promesa de los 15 años en prisión terminó en sólo cinco, de los cuales ya se cumplió uno.
En septiembre del año pasado el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal que contemplan la pena mínima de 40 años de cárcel por tentativa de feminicidio, con lo cual se pretende aplicar la perspectiva de género a un delito que ni siquiera aparece en las estadísticas delictivas de la FGE.
Al respecto, la activista y vocera del Colectivo MAPAS, Sofía Blanco, señala que de poco sirve que se tengan leyes si finalmente los agentes del Ministerio Público “se van por la fácil”, es decir, por el delito de lesiones, lo que les ahorra investigar con perspectiva de género. “Es muy grave que una mujer esté a punto de morir y su caso sea turnado por lesiones o por tentativa de homicidio. Lo que hace el MP es abordar los casos con una categoría descriptiva, cuando lo que tiene que hacer es una analítica”.
Intentos de homicidio también son minimizados
De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022 se cometieron 2 mil 423 homicidios dolosos en Michoacán, lo que lo posicionó como el cuarto estado con más registros de este delito en el país. Sin embargo, en ese mismo periodo la FGE sólo contabilizó 130 tentativas de homicidio, una cifra muy baja en proporción a los crímenes que se concretaron.
Un agente del Ministerio Público que pidió el anonimato justifica que ese número reducido obedece principalmente a que la mayoría de los casos se clasifican como lesiones dolosas (6 mil 721 fueron denunciadas el año pasado) porque la pena mínima es mayor a la del homicidio en grado de tentativa, que tiene un margen muy amplio: de seis meses a 35 años. En contraste, quien es encontrado culpable por lesiones calificadas pasa un periodo de entre ocho a 15 años en prisión.
Para el abogado penalista y defensor victimal Fernando Rodríguez, hay una cifra negra muy alta en el delito de homicidio en grado de tentativa, pues calcula que por cada caso que llega al Poder Judicial, hay cuatro que no se denuncian porque “el Ministerio Público forza a un acuerdo previo, fuera de la ley, donde corre dinero a cambio del no ejercicio de la acción penal, es por eso que vemos poca incidencia”, asegura.
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública del Inegi refieren que en el país más del 80 por ciento de las personas que fueron víctimas de lesiones no denunciaron. En general, el 93 por ciento de los mexicanos renuncian a acudir ante la autoridad cuando son víctimas de un delito, número que en Michoacán es del 94.5 por ciento. De ese 10 por ciento que sí llega a instancias legales, sólo en el 67 por ciento se inicia una carpeta de investigación, pero en más de la mitad de los expedientes no pasa nada y no hay castigo para los culpables.
