Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los diputados están en la obligación de consensuar y avalar un sistema de leyes específico para los concejos indígenas y el ejercicio del presupuesto directo, pues hasta hoy no hay nadie que los obligue y el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) tampoco tiene facultades para intervenir en la rendición de cuentas, expresó su magistrado presidente, Jesús Sierra Arias.
En su opinión, se están generando “islas de impunidad” que pueden meter en problemas legales a los ayuntamientos que tienen comunidades que ejercen el presupuesto directo, porque ante la ley, los ayuntamientos siguen siendo los responsables de los recursos.
El gobernado Alfredo Ramírez Bedolla ha dejado ver su intención de entregar presupuesto directo a más de 100 comunidades indígenas en Michoacán. Para ello ya se reformó la Ley Orgánica Municipal en el estado que concede la entrega de presupuestos, pero no hay materia legal para que los concejos indígenas hagan una rendición de cuentas.
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Aunque está el compromiso del gobernador de entregar los recursos para su aplicación directa por las comunidades indígenas que así lo requieran, no están vinculados a ninguna institución auditora para que los fiscalice y dé testimonio de que sus gastos sean bien justificados.
Ante este panorama, el magistrado presidente del TJAM refirió que existe un riesgo en la autonomía de las comunidades indígenas de caer en no respetar las leyes existentes en Michoacán para rendir cuentas. “Todas las autoridades tienen la obligación de ejercer el presupuesto, pero también de demostrar en qué se gastó y cómo, no debe ser privativo de una autoridad basada en los usos y costumbres”, expresó Jesús Sierra.
Desde esta perspectiva, adelantó que si la entrega del presupuesto para ejercerlo directamente no se hace bien, se va a complicar la rendición de cuentas y se pueden generar islas de impunidad, porque estos concejos vienen a romper el orden legal del estado.
“Los diputados tienen en su cancha la oportunidad de hacer leyes específicas, así como autorizan a un Concejo Indígena recibir el presupuesto y decidir en qué se lo gasta, también tienen la obligación de crear leyes en un sistema adecuado de rendición de cuentas, de lo contrario se va a meter en problemas a los ayuntamientos, que siguen siendo los responsables del presupuesto ante la Auditoría Superior de Michoacán”.
El magistrado fue tácito y señaló que el Tribunal sólo conoce situaciones administrativas de autoridades estatales y municipales, pero escapa a sus atribuciones la autoridad autónoma basada en usos y costumbres.
“Se requiere una reforma completa, debemos modificar el sistema de rendición de cuentas en esta dinámica de otorgarles recursos a los concejos indígenas, porque es muy justificado que las comunidades ejerzan su presupuesto, pero no se puede quebrar la ley en la rendición de cuentas”, opinó el magistrado presidente del TJAM.
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