Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- A seis años de la masacre en la comunidad indígena de Arantepacua, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Elvia Higuera Pérez reconoció que la unidad deportiva no ha podido ser entregada, porque en un inicio no fue considerado un memorial, mismo que ya está siendo consensuado con las cuatro viudas, mientras que para finales del 2023 arrancará apenas la primera etapa del hospital de especialidad.
El 5 de abril de 2017 en la administración perredista de Silvano Aureoles Conejo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) irrumpieron de manera violenta en la comunidad Purépecha perteneciente al municipio de Nahuatzen con un operativo que dejó como saldo a cuatro personas muertas, diez casos de tortura, así como “tratos crueles e inhumanos” hacia 38 habitantes de Arantepacua.
Ante el hecho, la comunidad denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y exigió al entonces gobernador Aureoles Conejo una disculpa pública y la reparación del daño para las viudas y la comunidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en diciembre de 2020, donde responsabilizó al entonces mandatario Silvano Aureoles por la masacre, y para mayo del 2021, representantes de la comunidad denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Aureoles por el ataque a las habitantes de Arantepacua y desde entonces exigen que atraiga el caso, pues permea la corrupción e impunidad estatal.
A la llegada de gobierno morenista a Michoacán, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla se comprometió a cumplir con la recomendación de la CNDH que no cumplió Aureoles Conejo durante su administración, y que consiste en cuatro compromisos: la la unidad deportiva; instalación de una Universidad proyectando un campus de la Universidad Intercultural Indígena; un taller de carpintería en donde entraría el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATMI) con un plantel especializado a nivel bachillerato, y un hospital que atenderá a la región.
En entrevista con El Sol de Morelia, la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno estatal, informó que la unidad deportiva en Arantepacua ya fue entregada a la comunidad con una inversión de 22 millones de pesos, sin embargo, ésta no ha podido ser inaugurada de manera oficial por las autoridades, debido a que en un inicio no se consideró la instalación de un memorial, situación que originó que los habitantes no recibieran la obra.
La funcionaria estatal, indicó que ya se encuentra en el proceso de entrevistarse con las cuatro viudas para que sean ellas quienes den su opinión en torno a cómo quieren que se construya el memorial, es decir, si sería un mural en la unidad deportiva o alguna escultura y cuáles podrían ser los elementos simbólicos que deben tener partiendo de su cosmovisión, así como los usos y costumbres de las víctimas de aquella masacre policial ocurrida hace seis años.
“Ya estamos en el proceso de contratación de un artista para que haga las propuestas de memorial, pero todo esto se va a consensuar con las viudas y los habitantes de la comunidad de Arantepacua para que en próximos meses pueda ser entregado de manera formal el centro deportivo, una de la primeras cuatro obras que se pide en la recomendación de la CNDH”, señaló la funcionaria.
En cuanto al hospital de especialidad, Higuera Pérez, adelantó que la primera etapa de la obra iniciará a finales del 2023 y se calcula su conclusión dentro de un año aproximadamente, misma que tendrá un presupuesto de cerca de 200 millones de pesos y con ello, manifestó que el gobierno estatal de Ramírez Bedolla podrá cumplir con dos de los cuatro acuerdos plasmados en la recomendación de la CNDH.
De igual forma, la servidora pública, apuntó que el actual gobierno trabaja en la reparación individual de las víctimas, por lo que hay una integración de los dictámenes con la finalidad de que se establezcan las necesidades de cada uno de los afectados de la masacre, y que va desde una pensión vitalicia hasta la atención médica de por vida, entre otras.
“No todo es económico, tenemos que ver las necesidades de las cuatro viudas y estamos trazando esa ruta con ellas, pero también con las personas torturadas, porque en el hecho se cometieron actos de tortura y violaciones graves a sus derechos humanos”, agregó.