Morelia, Michoacán.- Muy pocas iniciativas en materia de seguridad han presentado los diputados de la 75 Legislatura de Michoacán en este año, y las que se han entregado están relacionadas más con el fortalecimiento de las corporaciones, aplicación de los protocolos policiacos, aumento en sanciones para delito de extorsión, hasta imponer penas máximas a quienes cometan homicidio contra un elemento policial.
De la misma manera ha sido nulo el acercamiento entre los legisladores y el Gobierno del Estado para conocer las estrategias de seguridad implementadas, mayormente porque el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega, ha ignorado los llamados del Congreso a comparecer.
Si bien en días recientes se llevó a cabo una reunión, la misma fue descalificada por los diputados, quienes consideraron que el funcionario se limitó a darles vueltas a las preguntas que le formularon.
LAS INICIATIVAS
La mayoría de las iniciativas de los legisladores han estado enfocadas en modificaciones a la ley de Protección Civil, como fortalecimiento del equipo de bomberos del estado, atención en desastres naturales, modificaciones a presupuestos en ciertas áreas de seguridad y propuestas de modificaciones al Código Penal para temas de violencia de género.
El Sol de Morelia buscó a la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela De los Santos Torres para entrevista, pero no respondió el llamado que se hizo vía telefónica pese a que es integrante de la Comisión de Justicia del Congreso.
El legislador de Acción Nacional (PAN), Hugo Anaya Ávila por su parte sí atendió la entrevista, pero dijo desconocer el número de iniciativas que se han presentado ante la Comisión de Seguridad, y los temas que se abordan en las mismas.
El panista señaló en reiteradas ocasiones cuando se le preguntó sobre los temas que están dictaminando en la Comisión, que el secretario técnico es quien tiene la información completa y no él.
En la 75 Legislatura, la Comisión de Seguridad y Protección Civil, ha recibido un total de 18 iniciativas, de las cuales solo tres han sido dictaminadas
La Comisión de Justicia presidida por la diputada de Morena, Anabel Franco Carrizales, es de las más retrasada, ya que al tercer año Legislativo ha acumulado un total de 255 iniciativas turnadas, de esa cifra 41 se han dictaminado y 214 siguen rezagadas en el “análisis”.
LAS PROPUESTAS DE ALFREDO RAMÍREZ
Las propuestas del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla son las que han tenido más eco en el legislativo desde el año pasado cuando presentó un paquete de iniciativas al Congreso local en materia de seguridad, entre las cuales destacó la sanción de cinco hasta 12 años de prisión para quien falsifique uniformes.
En el 2023, entregó al Legislativo una propuesta para imponer hasta 25 años de cárcel para quienes cometan el delito de extorsión en el estado.
En febrero de este año, el titular del Ejecutivo estatal presentó la iniciativa que fue aprobada por la 75 Legislatura, que castiga en Michoacán el delito de extorsión de 15 hasta 25 años de cárcel para quien lo cometa, pero a su vez, será perseguido de oficio cuando el Ministerio Público tenga noticia por cualquier medio de su ejecución.
OTRAS INICIATIVAS
Otra iniciativa relacionada a la seguridad fue la que presentó el diputado Juan Carlos Barragán Vélez este año para que se imponga una pena máxima de 50 a 60 años de prisión a quien cometa el delito de homicidio en contra de elementos de seguridad pública en cumplimiento de las atribuciones que tienen encomendadas por las instituciones de seguridad pública a las que pertenecen.
Tales como la Fiscalía General del Estado, los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos.
Esta propuesta fue enviada a Comisiones y se sustentó en que la distribución geográfica de los abatimientos contra policías en funciones en el país, es heterogénea acorde a lo reportado por el Inegi, toda vez que la mayor concentración de abatimientos es en estado de México con el 13.6 por ciento del total entre 2013 y 2018, seguido de Guerrero con 8.4 por ciento y Michoacán registró el 7.6 por ciento.
De acuerdo al Instituto, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas y Colima tienen las tasas más altas de abatimientos, entre 1.07 y 1.89 policías abatidos por cada 100 000 habitantes.
A raíz de lo que le ocurrió de manera personal tras haber denunciado supuestamente agresión de elementos de la Guardia Civil a través de balas de goma, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Reyes Galindo presentó en julio de este año una propuesta iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública Estatal a fin de que las corporaciones de seguridad pública de Michoacán operen de conformidad a protocolos mínimos de actuación, que permitan desempeñarse de manera adecuada en sus funciones.
En el caso de la diputada de la Representación Parlamentaria, Eréndira Isauro Hernández, a principios de febrero de este año, presentaste el pleno la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad del estado para que se estableciera un Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, Auxiliar, Privada y de Procuración de Justicia Sancionados Estatales y Municipales Sancionados.
Dicha propuesta de ley, según la legisladora es para que a través de ese Registro se consulten los antecedentes de aspirantes a elementos de seguridad o de servicio público en materia de seguridad, y antes de que se autorice su ingreso a la Institución o la corporación, deberá de expedirse una constancia con la que acredite el aspirante no estar inscrito en el registro estatal del personal sancionado.
La idea es que con el Registro se evite la integración de elementos policiales con alguna sanción previa, a fin de que no ejerzan, desempeñen u obtengan cargos en instituciones o corporaciones policiacas de carácter estatal o municipal, pública o privada. Sin embargo, esta iniciativa sigue en el análisis de la Comisión de Seguridad.
EL CONGRESO Y LA SSP
Después de tres llamados del Congreso del Estado al secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega, para que compareciera, finalmente el 25 de octubre se dio una reunión, si bien los diputados señalaron que fue inutil.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Margarita López Paredes, expresó que la reunión de trabajo “no fue oficial” con el secretario de Seguridad, ya que a dicho encuentro que se llevó a cabo en el Congreso sólo llegó el diputado Hugo Anaya Ávila quedando ausentes los demás integrantes de la Comisión de Seguridad del Legislativo.
Después de varios intentos por tener al titular de la SSP en reunión a fin de que el servidor público rindiera cuentas sobre la estrategia de seguridad ante el aumento de la ola de violencia, López Pérez lamentó la actitud de Ortega Reyes, quien en todo momento “le dio vueltas” a las preguntas que hicieron los diputados.
En tres ocasiones el titular de la Secretaría de Seguridad canceló las reuniones e incluso los diputados de Morena y sus aliados han rechazado en dos ocasiones que el funcionario comparezca ante el pleno del Congreso.
La también madre buscadora, explicó que los principales cuestionamientos que le hicieron a Ortega Reyes fue sobre la estrategia de seguridad en el estado, que es lo que está haciendo como autoridad para disminuir los homicidios, asimismo el aumento de las desapariciones en varios municipios como Pátzcuaro o en estos momentos Tacámbaro con una fosa clandestina con más de 70 cuerpos encontrados.
Margarita López, indicó que entre los cuestionamientos se le preguntó al titular de la SSP en torno a cuánto es lo que se debe de los seguros de vida para los policías, también lo que han invertido en el Presupuesto de este 2023 y para el siguiente año en que se estaría destinando, sin embargo, el funcionario en todo momento desvío los cuestionamientos, por lo cual consideró la reunión como “inútil”.
Señaló que ya no les interesa volver a llamarlo a comparecer ante el pleno del Congreso, sino más bien que se nombre a un secretario que esté comprometido con el estado.
LAS CIFRAS DE LA INSEGURIDAD
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe 2022) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), reflejó que la extorsión fue el principal delito cometido en Michoacán, ya que el 28 por ciento de los encuestados afirmaron haber sido víctimas de ese ilícito, seguido de otros como fraude, las amenazas verbales y robo en la calle. Mientras que el año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) registró un total de 65 casos de extorsión, en el 2021 fueron reportados 61.
La extorsión en grado de tentativa de acuerdo a la FGE hasta el mes de septiembre de este año, se han reportado un total de 128 casos, mientras que en el mismo periodo pero del 2022 la cifra llegó a los 391 delitos.
Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Hidalgo, Zamora, Apatzingán, Irimbo y Tarímbaro son los municipios con más casos por delito de extorsión. Recordar que por este ilícito cometido contra productores y cortadores de limón en la Tierra Caliente en este año, se dejó de otorgar el servicio por las constantes extorsiones generadas por el crimen organizado. Lo mismo pasó con trabajadores de la industria de la tortilla en el municipio de Uruapan.
