Con tanto trabajo en los próximos meses, no será raro que las diferencias de interpretación de la ley entre el INE y el Tribunal crezcan. Aunque consejeros y magistrados niegan un pique, lo cierto es que en los últimos meses no están en la misma sintonía en la interpretación de la ley electoral, llevando a este vacío legal de cara a las elecciones del próximo año.
“Hay un problema que vemos entre el INE y el Tribunal derivado de que la legislación es de 2014. No ha habido una elección presidencial donde se haya aplicado, el proceso de interpretación de la norma hay claros puntos de vista diferente de interpretación”, comentó Luis Carlos Ugalde.
El exconsejero presidente del IFE no descartó que en los siguientes meses veamos que mientras en el INE emita sanciones por ciertas acciones proselitistas, el Tribunal las eche abajo cuando les llegue por medio de impugnaciones.
Esa es una historia ya vista en 2017, no solo con los lineamientos de programas sociales, sino también de Cancha Pareja, de Líderes de partidos y de fiscalización en Coahuila.
“Vamos a tener una conflictividad mayor, ese riesgo siempre se tiene (de una diferencia de criterios). El problema es que el impacto de una conducta infractora en un lugar sí se sancione y en otro no”, finalizó Jesús Cantú.
Afectan equidad
Sin lineamientos sobre el artículo 134, existen actividades que no son ilegales pero afectan la equidad en la contienda electoral.
Programas sociales. No hay prohibición clara para que cualquiera de los tres niveles de gobierno haga actos públicos para entregar dádivas durante el proceso electoral o creen nuevos programas sociales sin reglas de operación en 2018.
Comunicación social. Aunque la Constitución marca que este rubro debe ser usado sólo para promoción de políticas públicas y no de propaganda oficialista con fines electorales, pero se carece de una definición clara de qué es propaganda con fines electorales.
Informes. Diversas leyes establecen la obligación de rendir informes de actividades, pero la Constitución marca que éstos no deben ser propaganda personalizada disfrazada. No se define qué es propaganda personalizada.
Omisión. En la reforma electoral se marcó la obligación de reglamentar los gastos de propaganda oficial y programas sociales desde mayo de 2014; sigue pendiente y con riesgo de sentencia de la SCJN.
